Energía española, tecnología china: una amenaza encubierta
Estados Unidos ya prohíbe la adquisición de baterías chinas en ciertas agencias, Europa despierta, pero en España la inercia renovable y el silencio político sostienen un statu quo que costará caro.
En meses recientes, técnicos estadounidenses descubrieron dispositivos de comunicación no documentados escondidos dentro de inversores solares y baterías de origen chino, instalados en infraestructuras críticas de energía. Estos aparatos, cuya función oficial es convertir la corriente de paneles solares en electricidad apta para la red, incluyen radios celulares capaces de eludir la ciberseguridad y permitir accesos remotos no autorizados. La amenaza es concreta: estos equipos pueden manipularse para apagar sectores enteros del sistema eléctrico con un simple comando a distancia. En Europa, y especialmente en España, donde el entusiasmo por las energías renovables se convirtió casi en religión de Estado, el peligro es más real que nunca.
España lidera en penetración solar. La dependencia de componentes chinos es alta, y los inversores solares, columna vertebral de toda instalación, provienen de fabricantes como Huawei, Sungrow o Solis. Pero mientras otros países como Lituania, Estonia, Reino Unido o incluso Estados Unidos revisan, limitan o prohiben el uso de estos equipos, en España no se tomó una medida concreta. Ni una auditoría, ni una declaración oficial, ni siquiera un debate público de relevancia. El tema existe, se sabe, se menciona en medios especializados, pero no se actúa.
Este silencio no es casual. España atraviesa una situación política compleja, gobernada por una coalición que incluye a partidos con simpatías abiertas o implícitas hacia China. La ideología nubla el juicio estratégico. Estos partidos actúan, consciente o inconscientemente, como una pantalla que protege a Pekín de cualquier crítica real o acción concreta. Mientras tanto, los equipos chinos se multiplican, las instalaciones aumentan y la vulnerabilidad se profundiza.
Hace poco, España vivió un gran apagón que dejó a amplias zonas del país sin luz durante horas. Si bien ese incidente no se vinculó a un sabotaje, la sola posibilidad de que una próxima falla eléctrica sea activada desde un servidor a miles de kilómetros debería encender todas las alarmas. No se trata de paranoia, se trata de prudencia.
El caso de la central solar de Mula, en Murcia, adquirida por la empresa estatal China Three Gorges, es otro ejemplo del avance sigiloso pero firme de China sobre los activos estratégicos europeos. Primero fueron las infraestructuras, luego los puertos, después las grúas automatizadas en Alemania, y ahora, silenciosamente, los inversores solares que habitan nuestros tejados y campos. Es el estilo chino: no confrontar, sino infiltrar. No declarar, sino comprar.
Mientras tanto, en Estados Unidos ya se prohíbe la adquisición de baterías chinas en ciertas agencias y se debate el uso de componentes críticos. Europa despierta, pero en España la inercia renovable y el silencio político sostienen un statu quo que costará caro. La obsesión por lo verde, legítima en muchos aspectos, cegó la atención a lo esencial: quién controla los interruptores. Porque quizás el próximo apagón no sea casual. Y tampoco sea reparable.
Las cosas como son
Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.
Luz verde al proyecto. El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI de Argentina LNG, la iniciativa de YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG, que prevé una inversión de US$50.750 millones hasta 2050. El plan contempla desembolsos por US$25.000 millones entre 2027 y 2030, y la decisión final de inversión se firmaría el 30 de noviembre.
Gas de Vaca Muerta al Atlántico. El proyecto apunta a producir 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, más del 40% de la producción actual del país, y exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL. Incluye un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros hasta la costa de Río Negro, donde funcionarán dos barcos de licuefacción.
Financiamiento y exportaciones. Un acuerdo con Estados Unidos habilita US$6.000 millones de financiamiento a través del Exim Bank y privados. El 70% del capital vendría de crédito internacional y el 30% de aportes de los socios. YPF proyecta exportaciones por US$10.000 millones anuales desde 2031, principalmente a Europa y Asia.
Empleo y proveedores. La construcción generaría unos 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000, y la operación sostendría cerca de 8.000 empleos directos e indirectos. Se prevén contrataciones por unos US$15.000 millones a proveedores nacionales.
Propiedad privada. La Cámara aprobó con 42 votos a favor y 26 en contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Reincorpora la norma de 2011 con un tope de 15% a la venta de tierras a extranjeros, un 30% por nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.
Nuevas reglas. También fija que la declaración de utilidad pública en las expropiaciones se interprete de forma restrictiva y establece reglas para los desalojos por falta de pago de alquileres.
Patentes. Además, sancionó con 47 votos a favor y 22 en contra el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que la Argentina firmó el siglo pasado y que el Senado había aprobado en 1998. Diputados lo devolvió en agosto con un capítulo en reserva.
Acuerdo con EEUU. Es uno de los requisitos del acuerdo comercial con Estados Unidos y figura entre los compromisos de los convenios del Mercosur con la Unión Europea y con EFTA.