¿Qué dice la nueva Ley de Discapacidad en Argentina?
Bajo la nomenclatura de "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad", la normativa mantiene los principales beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero elimina su carácter transitorio.
El Senado aprobó el jueves por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, iniciativa que establece un régimen permanente para garantizar las Pensiones no Contributivas y las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad en Argentina.
Bajo la nomenclatura de "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad", la normativa mantiene los principales beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero elimina su carácter transitorio y establece nuevas condiciones para acceder a las pensiones.
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El proyecto obtuvo 71 votos afirmativos en la Cámara alta, luego de recibir media sanción en Diputados, donde había sido respaldado por 237 legisladores, nueve votos en contra y cuatro abstenciones.
La nueva ley de discapacidad reemplazará el esquema de emergencia, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, por uno de carácter permanente.
¿Qué dice la nueva Ley de Discapacidad y qué va a pasar con las pensiones y las prestaciones?
Certificado Único de Discapacidad
Uno de los puntos centrales de la nueva Ley de Discapacidad es la continuidad de la Pensión no Contributiva por Discapacidad, cuyo monto se mantiene en el equivalente al 70% de una jubilación mínima. El beneficio continuará actualizándose de acuerdo con las reglas de Movilidad Previsional, sin contemplar un aumento extraordinario.
Para acceder a esta prestación será obligatorio contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y acreditar identidad, edad y nacionalidad mediante el DNI. En el caso de las personas extranjeras, se exigirá demostrar cinco años de residencia legal y continuada en el país.
¿Qué cambia con la nueva Ley de Discapacidad?
¿Qué dice la nueva Ley de Discapacidad?
Una de las modificaciones más importantes que inaugurará la nueva Ley de Discapacidad es la posibilidad de compatibilizar el cobro de la Pensión con un empleo registrado o la inscripción en el Monotributo. Para conservar el beneficio, los ingresos individuales no podrán alcanzar ni superar los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Si se excede ese límite, la prestación quedará suspendida mientras se mantenga esa situación.
En caso de que la persona pierda el trabajo o sus ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del tope establecido, podrá solicitar la rehabilitación inmediata de la pensión. El cobro se retomará desde la fecha en que se presente el pedido.
La normativa también establece que los titulares no podrán percibir simultáneamente otra jubilación, retiro o pensión, ni determinadas asignaciones familiares. Además, deberán superar una evaluación socioeconómica cuyos criterios serán definidos mediante la reglamentación.
En cuanto a los servicios destinados a este sector, se mantiene la cobertura médica a través del Programa Federal Incluir Salud para los titulares de Pensiones no Contributivas que no cuenten con otra obra social. También se garantiza el acceso a las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901.
El Senador aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad
Otro aspecto importante es la continuidad del Nomenclador Único de Prestaciones, que establece los aranceles que reciben los prestadores por los servicios brindados. La nueva Ley de Discapacidad dispone que esos valores deberán actualizarse automáticamente de acuerdo con la movilidad jubilatoria.
A su vez, establece que el presupuesto destinado a las políticas de Discapacidad no podrá disminuir en términos reales respecto del año anterior. La normativa también contempla mecanismos para garantizar que los recursos destinados a estas prestaciones sean suficientes y evitar interrupciones en los servicios.
Por otra parte, se incorpora un sistema de auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud. Los controles permitirán verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo las condiciones para recibir la pensión mediante el cruce de información con organismos como ANSES, ARCA y el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer).
Si durante las verificaciones se detectan posibles incumplimientos, el organismo deberá notificar al titular y permitirle presentar un descargo antes de avanzar con una eventual suspensión. La persona también podrá solicitar la rehabilitación provisoria del beneficio mientras se resuelve su situación.
La nueva Ley de Discapacidad contempla, además, el pago de las deudas pendientes con los prestadores del sistema de discapacidad. Para ello, el Poder Ejecutivo deberá establecer y publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma, mientras que el plazo para completar los pagos será de hasta 90 días para quienes hayan finalizado los trámites correspondientes.
El Poder Ejecutivo tendrá 30 días hábiles para reglamentar la legislación, que comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
A través de la Resolución 3715 se dio curso a la penúltima actualización del año, calculado sobre la base de la variación del IPC correspondiente a octubre.
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Propiedad privada. La Cámara aprobó con 42 votos a favor y 26 en contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Reincorpora la norma de 2011 con un tope de 15% a la venta de tierras a extranjeros, un 30% por nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.
Nuevas reglas. También fija que la declaración de utilidad pública en las expropiaciones se interprete de forma restrictiva y establece reglas para los desalojos por falta de pago de alquileres.
Patentes. Además, sancionó con 47 votos a favor y 22 en contra el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que la Argentina firmó el siglo pasado y que el Senado había aprobado en 1998. Diputados lo devolvió en agosto con un capítulo en reserva.
Acuerdo con EEUU. Es uno de los requisitos del acuerdo comercial con Estados Unidos y figura entre los compromisos de los convenios del Mercosur con la Unión Europea y con EFTA.