El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aspirará en 2027 a un tercer mandato en medio de la alta popularidad conseguida por su "guerra contra las pandillas", que permitió bajar la violencia y estableció un cuestionado estado de excepción. El político de derecha inscribió el jueves su candidatura, tras la reforma constitucional del año pasado que permitió la reelección indefinida.
Con una aprobación del 80%, el mandatario tiene casi asegurado un nuevo período de seis años. Bukele, de 45 años, repetirá fórmula para los comicios del 28 de febrero con Félix Ulloa, su vicepresidente. La inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral se da además en medio de una ofensiva lanzada en Haití, donde desplegó a 2.000 soldados que están combatiendo al crimen organizado.
"Ahora sí hay democracia y todos pueden participar, todos los partidos políticos. Hay 11 partidos políticos; todos pueden poner candidatos de lo que quieran", expresó el político de Nuevas Ideas, cuyo partido cuenta con mayoría en el Congreso y que avanzó con el control de la Justicia, en un gobierno que especialistas han calificado de "autocracia electoral".
"Muchos países quisieran tener lo que nosotros tenemos", presumió Bukele sobre su modelo de "mano dura", que permitió reducir fuertemente los índices de criminalidad en el país, pero ha sido cuestionado por violaciones a los derechos humanos.
En 2027, el presidente se medirá a una débil oposición representada por el médico de izquierda Rafael Aguirre y la exdiputada de derecha Mayteé Iraheta, de los exgobernantes Frente Farabundo para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Estos dos partidos se alternaron el poder durante tres décadas hasta la llegada de Bukele en 2019.
Un tercer período de gobierno
En 2024, Nayib Bukele logró un nuevo mandato como presidente de El Salvador con casi el 83% de los votos, a pesar de que la Constitución prohibía expresamente la reelección. Lo hizo gracias a un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, donde el oficialismo ubicó a jueces afines al Ejecutivo.
Un año después, el Congreso finalmente aprobó una reforma constitucional que permite la reelección indefinida. Además, elevó de cinco años a seis años el período presidencial y suprimió la segunda vuelta en las elecciones.
La ley dispuso que el actual período presidencial de Bukele, que originalmente iba hasta 2029, terminará anticipadamente el 1 de junio de 2027. Las elecciones presidenciales del próximo año coincidirán así con los comicios legislativos y los locales.
Antes de la asunción de Bukele en 2019 y la implementación de sus políticas de "mano dura", El Salvador era uno de los países más peligrosos del mundo, con una tasa de homicidios que alcanzó los 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Según relatan los salvadoreños, la violencia de las pandillas hacía que tuvieran miedo de salir a la calle. Hay testimonios incluso de familiares que dejaron de verse por no poder atravesar zonas controladas por estos grupos criminales.
El punto de inflexión de su gobierno fue el establecimiento de un estado de excepción, que iba a ser temporal y aún se mantiene. La medida implementada en marzo de 2022, que puso en pausa varias libertades civiles y permite detenciones sin orden judicial, llevó a que se encarcelaran más de 90.000 personas. Muchas se encuentran detenidas en el CECOT, la cárcel de máxima seguridad en la que recibió además a decenas de migrantes deportados por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.
Distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Interancional o Human Rights Watch, han denunciado abusos generalizados en el marco de estas políticas, entre ellas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos en detención, así como graves violaciones al debido proceso. Además, señalan que muchas de las personas detenidas no tienen ninguna relación con las pandillas.
Un grupo de expertos independientes elaboró este año un informe para la ONU en el que apuntaba que hay "motivos razonables" para creer que el gobierno de Bukele cometió crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción. A su vez, periodistas y activistas opositores vienen denunciando persecución por parte de las autoridades.
La ofensiva en Haití
Mientras se encamina a la reelección, Bukele, cuyo modelo ha sido puesto como ejemplo por políticos de derecha de la región, mantiene un despliegue militar en Haití que cuenta con un fuerte respaldo de la población del país del Caribe, azotado por la violencia del crimen organizado.
De hecho, el martes pasado, miles de haitianos marcharon en Puerto Príncipe en respaldo a los soldados salvadoreños, que combaten a las pandillas armadas que controlan amplias zonas de la capital. Los manifestantes cargaban pancartas con mensajes como "Gracias, Bukele" y "Viva Bukele", de acuerdo con fotografías tomadas por un periodista de la agencia AFP.
Movilización a favor de Bukele en Haití
CLARENS SIFFROY / AFP
El gobierno de Bukele envió el mes pasado a unos 2.000 militares a Haití tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños en una emboscada cerca de Puerto Príncipe, cuyo paradero sigue sin esclarecerse. Los cuatro formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por la ONU.
El contingente salvadoreño lanzó ataques contra jefes pandilleros y realizó un acuerdo con Haití que podría ampliar su presencia en el país. "Han estado dándoles una lección a las pandillas de Haití como se las dimos a las pandillas de acá", afirmó el mandatario.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió esta semana a las fuerzas de seguridad que operan en Haití que prioricen la protección de la población y solo ejerzan la fuerza letal como último recurso.