Los créditos de carbono pueden abrir nuevas oportunidades de negocio para Argentina. Qué reglas necesita el país para atraer inversiones, generar valor local y aprovechar su potencial ambiental a largo plazo
El mercado de créditos de carbono puede atraer inversiones y generar ingresos a partir de la conservación de los ecosistemas. Pero, sin una estrategia nacional, Argentina corre el riesgo de transferir reducciones de emisiones que necesita para cumplir sus compromisos climáticos y convertirse en proveedora de compensaciones para economías que no transforman lo suficiente sus sistemas productivos.
Estos créditos asignan un valor económico a determinadas reducciones o remociones de gases de efecto invernadero y permiten financiar proyectos forestales, agrícolas y de conservación. Pero monetizar un recurso ambiental no garantiza por sí solo un beneficio para el país: importa qué se vende, quién recibe los ingresos y cómo afectan las operaciones a las metas climáticas nacionales.
El 2 de septiembre de 2026, varias comisiones del Senado firmaron dictamen favorable a un texto unificado para regular el mercado de carbono. Se basa principalmente en el proyecto de la senadora salteña Flavia Royon e integra iniciativas de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, de Misiones, y del exgobernador chaqueño Jorge Capitanich. Todavía debe tratarse en el recinto.
La propuesta busca dar previsibilidad jurídica mediante un Registro Nacional de Reducción y Remoción de Gases de Efecto Invernadero (ReNaRe) y mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV). Incluye además una exención del impuesto a las Ganancias por cinco años sobre la primera venta de créditos y estabilidad fiscal por quince años, beneficios que dependen de la aprobación de la ley.
Las diferencias entre los legisladores muestran que el debate excede la creación de un registro. Misiones reclama que el marco nacional reconozca sus programas jurisdiccionales, en particular su programa REDD+, orientado a reducir las emisiones por deforestación y degradación forestal. En mayo de 2026, la provincia presentó ante el Senado sus avances, con créditos certificados para el período 2017-2022.
De fondo está la pregunta por cómo articular reglas nacionales comunes con las competencias ambientales de las provincias. De esa definición depende quién puede generar y comercializar créditos y cuánto valor queda en los territorios que producen la mitigación.
Las expectativas económicas explican la urgencia. El Consejo Agroindustrial Argentino estima que un marco normativo podría captar entre US$ 1.400 millones y US$ 3.900 millones anuales y movilizar más de US$ 2.000 millones en inversiones a mediano plazo. Son proyecciones sectoriales, no ingresos garantizados ni estimaciones oficiales de recaudación. Y regular la venta no es lo mismo que definir qué créditos conviene vender, cuáles reservar y bajo qué condiciones.
Cuando el país autoriza una transferencia internacional para que otro Estado contabilice esas reducciones en sus propios compromisos, no puede computarlas a la vez a favor de su meta. La operación genera ingresos, pero tiene un costo de oportunidad: Argentina cede capacidad de mitigación que podría necesitar.
Sin una evaluación previa de sus necesidades futuras, el país podría vender reducciones que después le falten y verse obligado a hacer esfuerzos adicionales a un costo mayor. Por eso, el mercado debe integrarse a una estrategia nacional que defina qué puede transferirse sin comprometer los objetivos asumidos. Autorizar una transferencia no es una decisión solo comercial: tiene implicancias sobre la contabilidad climática y las obligaciones internacionales.
No toda unidad comercializada representa una reducción adicional, verificable y duradera. Los proyectos forestales enfrentan riesgos de incendios, sequías y cambios en el uso del suelo que pueden liberar el carbono almacenado. También puede ocurrir que se otorguen créditos por una conservación que habría sucedido igual, o que la deforestación evitada en un área se desplace a otra.
Hay además una diferencia de fondo. Quemar petróleo, gas y carbón libera carbono almacenado bajo tierra durante millones de años, mientras que el absorbido por árboles y suelos puede volver a la atmósfera si ese almacenamiento se pierde. Una tonelada de emisiones fósiles no equivale, en permanencia y garantías climáticas, a una tonelada almacenada temporalmente en un bosque.
Estas limitaciones pueden favorecer el greenwashing: empresas que se presentan como neutras en carbono sin reducir lo suficiente sus propias emisiones. Un registro mejora la trazabilidad y ayuda a prevenir la doble contabilización, pero no garantiza por sí solo la adicionalidad, la permanencia ni la equivalencia climática. Por eso, la calidad de los créditos debe ser una condición estratégica.
Los mercados de carbono transfieren recursos de empresas y países compradores hacia proyectos de mitigación en otros territorios, pero no garantizan un reparto equilibrado del esfuerzo climático. Las economías industrializadas construyeron buena parte de su riqueza con modelos intensivos en combustibles fósiles y hoy pueden comprar créditos para compensar parte de sus emisiones sin transformar lo suficiente su producción.
El riesgo no es que cada compra financie una actividad contaminante, sino que créditos baratos o de baja integridad sustituyan reducciones que deberían hacerse en origen. Argentina cobraría por conservar bosques mientras otros mantienen sus emisiones. La pregunta es si el mercado financiará una transformación productiva local o consolidará una división internacional entre quienes venden mitigación y quienes compran margen para seguir emitiendo. La respuesta dependerá de las condiciones del mercado, de la calidad de los créditos y del destino de los recursos.
Incluso con reducciones reales y verificables, los ingresos no se traducen necesariamente en beneficios amplios. El dinero se reparte entre desarrolladores, propietarios de tierras, intermediarios y certificadoras, de modo que exportar créditos no alcanza para demostrar que el mercado contribuye al desarrollo. Hay que ver cuánto valor queda en el país y qué capacidades productivas se construyen.
Un mercado orientado al desarrollo debería abrir oportunidades a productores locales, pymes, municipios, cooperativas y comunidades. Sin embargo, los costos iniciales de estructuración, monitoreo, certificación y auditoría pueden ser una barrera para quienes tienen menos capital y concentrar las oportunidades en quienes ya cuentan con financiamiento y acceso a compradores internacionales. La cooperación entre municipios, el financiamiento inicial y la inversión en capacidades tecnológicas nacionales podrían ampliar la participación y retener más valor en la economía local.
También importa el caso de los recursos cuya conservación ya financió el Estado. Si fondos y políticas públicas ayudaron a preservar un bosque, el diseño del mercado debe evitar que el valor económico se privatice sin reconocer ese esfuerzo. Importa no solo quién es dueño de los créditos, sino quién financió las condiciones que permitieron generarlos.
El desafío no es elegir entre desarrollar un mercado de carbono o rechazarlo, sino fijar condiciones para que contribuya a los objetivos climáticos y económicos del país. Eso implica tres pasos:
El Estado debe proteger los objetivos climáticos, garantizar transparencia y resguardar el interés colectivo, sin imponer cargas innecesarias que excluyan proyectos viables. El objetivo es evitar tanto un mercado sin controles como una regulación que obstaculice la generación de valor.
Argentina puede convertir parte de su capacidad de mitigación en una fuente de financiamiento y desarrollar actividades ligadas a la transición energética. Pero esa oportunidad no se materializa automáticamente por habilitar la venta de créditos. El mercado puede financiar proyectos ambientales, movilizar inversiones y crear capacidades productivas; también puede facilitar compensaciones de baja calidad, concentrar ingresos y comprometer reducciones que el país necesita.
La discusión legislativa es el momento de decidir cómo se reparten las competencias entre Nación y provincias, qué garantías ambientales deben cumplir los créditos, qué reducciones pueden transferirse y cómo evitar que el interés por atraer divisas subordine la política climática a las oportunidades comerciales. La diferencia entre un resultado y otro no está en el funcionamiento de las transacciones, sino en la estrategia que las orienta.
Inversión y RIGI: Horacio Marín anunció que YPF buscará adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en 2027 para avanzar con la explotación no convencional en el sur de Mendoza. El plan está sujeto a definiciones técnicas y a la aprobación del directorio.
Cinco pozos exploratorios: La campaña contempla tres perforaciones de YPF en el bloque CN VII A y dos de la UTE Quintana Energy-TSB en Cañadón Amarillo. Los trabajos permitirán profundizar el conocimiento del potencial geológico de la formación.
Un desarrollo de mayor escala: La petrolera proyecta integrar dos áreas que posee en Mendoza para avanzar hacia un proyecto productivo. Marín calificó como buenos los resultados de los pozos exploratorios realizados hasta el momento.
Potencial productivo: Las proyecciones presentadas contemplan alcanzar una producción de 90.000 barriles. La cifra dependerá de los resultados de la exploración y de las definiciones técnicas, económicas y regulatorias necesarias para concretar el desarrollo.
La operación. YPF acordó comprar el 24,99% de YPF Luz en manos de BNR Power Investments B.V. por US$430 millones. La transacción está sujeta a las condiciones habituales.
Mayor control. Una vez concretada la compra, la petrolera pasará a controlar la totalidad de la compañía eléctrica e integrará el 100% de sus resultados.
Capacidad instalada. YPF Luz cuenta con 3,8 GW de capacidad instalada, opera en ocho provincias y genera el equivalente a cerca del 10% de la electricidad abastecida en la Argentina.
Resultados y trayectoria. Creada en 2013, la compañía registró un EBITDA de US$ 479 millones en los 12 meses hasta junio de 2026. La adquisición profundiza la apuesta de YPF por el negocio de generación eléctrica.
Adjudicación oficial. El consorcio liderado por Rowing S.A., junto a Mauricio Filiberti, Daniel Vila y José Luis Manzano, obtuvo el 90% de las acciones de la empresa estatal.
Oferta y compulsa. Con una propuesta de U$S 340,2 millones superaron al Grupo Roggio, aunque la cifra quedó por debajo de los U$S 500 millones esperados por el Economía.
Operación en el AMBA. El nuevo operador asumirá entre enero y febrero de 2027 para brindar servicio de agua potable y cloacas a 14 millones de habitantes.
Inversión obligatoria. Deberán desembolsar un mínimo de U$S 2.000 millones en los primeros cinco años y hasta U$S 15.000 millones a lo largo de toda la concesión.
Director de Focus Market
Analista internacional, experto en geopolítica. Abogado y filósofo
