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RIGI: el Gobierno habilitó a empresas de capital extranjero a competir por el cupo de proveedores locales

A través del Decreto 1366/2026, el Ejecutivo eliminó el requisito de mayoría de capital argentino para los proveedores locales y estableció cambios en los plazos de inversión, las reorganizaciones societarias y el cómputo de divisas.

Lucía Scorzelli

El Gobierno introdujo modificaciones a la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado por la Ley 27.742 y reglamentado mediante el Decreto 749/2024.

La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial a través del Decreto 1366/2026, modifica cuatro aspectos del régimen: la definición de proveedores locales, los plazos para cumplir las inversiones mínimas, las transferencias y reorganizaciones societarias, y las condiciones para computar el ingreso de divisas.

Proveedores locales: se elimina el requisito de mayoría de capital argentino

El principal cambio alcanza a la definición de proveedor local. Hasta ahora, las personas jurídicas debían estar constituidas y domiciliadas en Argentina y contar con al menos un 51% de capital en manos de personas humanas o jurídicas con domicilio fiscal en el país.

Con la nueva reglamentación, se elimina el requisito de participación mayoritaria local. A partir de ahora, será suficiente con que la empresa esté constituida y domiciliada en Argentina, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o de la composición de su capital social.

De esta manera, las filiales de multinacionales radicadas en el país podrán competir con empresas de capital nacional por el cupo mínimo del 20% de contratación de proveedores locales previsto en el RIGI.

La modificación amplía el universo de compañías que podrán participar en las contrataciones de grandes proyectos de minería, energía e infraestructura, incluidos los proveedores de bienes, equipos, tecnología y servicios especializados.

Sin embargo, se mantienen las exigencias de origen nacional para los bienes suministrados. Estos deberán cumplir con los criterios establecidos en el Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del Mercosur.

Por lo tanto, que una empresa esté constituida en Argentina no implica que los productos que importe o distribuya sean automáticamente considerados nacionales.

Para las personas humanas, también se mantiene el requisito de contar con domicilio fiscal en Argentina.

Esta nueva reglamentacion puede generar nuevos cuestionamientos desde los sectores industriales que vienen reclamando más garantías para que, el 20% minimo de participacion local se aplique especificamente a bienes industriales nacionales y que existan mecanimos de integracion para ampliar las oportunidades de la industria.

Plazos de inversión: una fecha límite única para proyectos estratégicos

El decreto también modifica el artículo 47 de la reglamentación para precisar los plazos de cumplimiento de las inversiones en los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

La nueva disposición establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión global en activos computables correspondiente al Proyecto Único en su conjunto.

El cambio no modifica los montos mínimos de inversión ni las obligaciones previstas para cada etapa, sino que precisa el plazo para acreditar su cumplimiento.

Transferencias de acciones y reorganizaciones societarias

Otra modificación alcanza a las adquisiciones, transferencias de participaciones y reorganizaciones de los Vehículos de Proyecto Único (VPU), las estructuras mediante las cuales se desarrollan las inversiones adheridas al RIGI.

La reglamentación original ya establecía restricciones para adquirir proyectos distintos de los aprobados, así como la necesidad de autorización para fusionar proyectos adheridos al régimen.

El nuevo decreto mantiene esas disposiciones e incorpora reglas específicas para la adquisición de acciones o participaciones de un VPU por parte de terceros, los cambios de integrantes en uniones transitorias y contratos asociativos, y la reorganización de sucursales dedicadas en sociedades anónimas (SA) o sociedades anónimas unipersonales (SAU).

En particular, establece que la compra de acciones o participaciones de un VPU, después de presentada su solicitud de adhesión, no altera por sí misma los derechos obtenidos bajo el régimen. Tampoco permite computar esa adquisición como inversión en activos para alcanzar el monto mínimo exigido.

Asimismo, contempla la transformación de sucursales dedicadas en sociedades anónimas, con autorización previa, sin necesidad de presentar una nueva solicitud de adhesión.

Acceso al mercado de cambios: se amplía el cómputo de divisas

Por último, el decreto modifica el artículo 100 de la reglamentación para ampliar los supuestos de ingreso de divisas que pueden computarse a efectos de las condiciones de acceso al mercado de cambios.

Hasta ahora, el esquema contemplaba las divisas ingresadas y liquidadas directamente por el VPU. Con la modificación, también podrán computarse los fondos aportados o financiados desde el exterior por accionistas directos o indirectos, integrantes de uniones transitorias o contratos asociativos y sociedades titulares de sucursales dedicadas.

Para que esos ingresos sean reconocidos, las divisas deberán liquidarse en el mercado oficial de cambios, destinarse efectivamente al Proyecto Único y registrarse contablemente de manera que pueda verificarse su trazabilidad.

De esta forma, la reglamentación amplía las fuentes de financiamiento externo que pueden computarse, al incluir fondos ingresados por las casas matrices, accionistas y socios vinculados a los proyectos, además de los liquidados directamente por el vehículo inversor.

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