La Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar cuatro reclamos específicos para detener el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas.
El Gobierno argentino inició ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo un reclamo formal para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por el Reino Unido en aguas próximas a las Islas Malvinas. En concreto, solicitó medidas cautelares basándose en el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), buscando impedir el avance de la explotación de recursos no renovables en un área en disputa.
La delegación argentina, encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y el consejero legal de Cancillería, embajador Mario Oyarzábal, expuso ante el tribunal los cuatro puntos centrales de su petición: detener o impedir la continuación de Sea Lion, abstenerse de otorgar nuevos permisos en el área, preservar la información obtenida durante la exploración y proteger el medio marino.
El embajador Oyarzábal enfatizó que la explotación de recursos en aguas en disputa viola el derecho internacional y que los recursos pertenecen al pueblo argentino, no a los pocos miles de isleños que poseen un estatus otorgado por el gobernador británico. Marcelo Kohen, exjuez ad hoc del TIDM y asesor externo, detalló la argumentación argentina, basada en resoluciones de la ONU que reconocen la disputa de soberanía e instan a las partes a no adoptar decisiones unilaterales.
La posición argentina se sustenta en el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, argumentando que estos no pueden ser dispuestos unilateralmente mientras la controversia territorial continúe sin resolver. El país recordó que la ONU, mediante resoluciones como la 2065 de 1965 y la 31/49 de 1976, reconoció la disputa y exhortó a ambas partes a la no adopción de medidas unilaterales.
El embajador Oyarzábal explicó que la intervención del TIDM busca impedir que la actividad petrolera genere cambios irreversibles antes de la resolución de la controversia de fondo, y aclaró que el objetivo no es que el tribunal se pronuncie sobre la soberanía de las islas, sino sobre los derechos argentinos afectados por las decisiones unilaterales de Londres. Se citaron además los artículos 192 y 194 de la Convemar sobre la protección del medio marino.
"Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa. El censo de 2021 registró 3.142 residentes habituales, de los cuales 1.625 poseen el denominado 'Falkland Islands Status'. Esos recursos pertenecen al pueblo argentino: unos 46 millones de personas, incluidos los 1.247 habitantes nacidos en las Islas, cuyos intereses serán debidamente tenidos en cuenta. El denominado 'Falkland Islands Status' no es, además, un derecho de nacimiento: es otorgado por el Gobernador, un funcionario designado por la Corona británica. En virtud del principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, no puede disponerse unilateralmente de esos recursos mientras la disputa siga pendiente", expuso Oyarzábal.
Por su parte, el Reino Unido rechazó la competencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar para expedirse sobre la reclamación de soberanía argentina en las Malvinas. La fiscal general británica, Ellie Reeves, declaró que su país defenderá su derecho a realizar perforaciones petrolíferas y consideró que la estrategia argentina busca utilizar el tribunal para tomar determinaciones fuera de su competencia. Londres considera que el territorio es soberano británico.
El Reino Unido, si bien reconoció la autoridad del tribunal, enfatizó que no tiene jurisdicción sobre la disputa de soberanía. La ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, había sostenido previamente que el reclamo argentino no invalida las licencias otorgadas ni obliga a frenar el desarrollo de hidrocarburos, citando el referéndum de 2013 que ratificó la pertenencia de las islas al Reino Unido.
Las audiencias ante el TIDM se extenderán hasta el miércoles, con intervenciones de ambas delegaciones y repreguntas. Argentina espera una resolución sobre las medidas provisionales en un plazo de dos a cuatro semanas. El Tribunal deberá verificar la jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral, la urgencia de la situación y la verosimilitud del derecho invocado por Argentina.
Argentina contempla tres escenarios: que el Tribunal acepte su planteo y ordene al Reino Unido cesar la actividad; que acoja parcialmente los argumentos; o, el más improbable, que rechace el planteo por falta de jurisdicción. De prosperar el reclamo, la explotación del proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, quedaría paralizada hasta la constitución del tribunal arbitral. El yacimiento contiene una reserva estimada de 1.700 millones de barriles de petróleo y su inicio de explotación estaba previsto para enero de 2027.
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