El Congreso vuelve a poner la discapacidad en el recinto.
Empujados por el PRO y la UCR, diputados libertarios llevarán mañana al recinto un dictamen propio para sostener y reorganizar el sistema de discapacidad.
A un día de la sesión especial para tratar la situación del sector de discapacidad en Diputados, se buscan introducir modificaciones en el dictamen de mayoría impulsado por La Libertad Avanza, PRO y UCR. Las propuestas apuntan a precisar las condiciones de acceso a las pensiones, reforzar las garantías de financiamiento y modificar la redacción sobre la cobertura sanitaria.
Cabe recordar que este miércoles 21 a las 12, el recinto de la Cámara de Diputados reunirá a sus legisladores para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada (con un artículo de la Ley de tierras incluido), aquel sobre fentanilo, vandalismo rural, la cesión a título gratuito del predio de CAEB y tener una nueva norma sobre discapacidad, quitándole la emergencia y manteniendo un sistema permanente.
Unión por la Patria, Provincias Unidas, Coalición Cívica y demás bloques y monobloques opositores querrán insistir con su emergencia. Pero votar en contra de esta iniciativa en discapacidad impulsada por los violetas y sus aliados (y encima a pocas semanas de la posible llegada del papa León XIV a la Argentina) habría generado revuelo entre las bancadas del peronismo, según especularon; esta versión fue desmentida por un diputado: "Nosotros tenemos nuestro proyecto que es el que consideramos correcto, vamos a insistir por ahí".
Lo cierto es que el Congreso volverá a poner a la discapacidad en el centro de su debate y regresará -luego de un año- al recinto. Pero, esta vez, con un oficialismo que es primera minoría, tiene a tres bloques aliados y sólidos, y no busca vetar si no impulsar un proyecto permanente.
Uno de los cambios centrales que se pidió apunta a una mayor claridad de los requisitos para acceder a las pensiones: incorporarlos taxativamente al proyecto para limitar la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo. Entre las condiciones, figuran la acreditación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la identidad, la edad y la nacionalidad; una residencia legal mínima y continuada de cinco años para las personas extranjeras; y un límite de ingresos individuales de dos salarios mínimos, vitales y móviles, sin computar los ingresos del grupo familiar.
También se establece que los solicitantes no deben estar amparados por otro régimen previsional, programa social, retiro permanente o pensión contributiva o no contributiva, y que deberán aprobar una evaluación socioeconómica y sanitaria conforme a los criterios que establezca la reglamentación.
El otro punto de discusión es la cobertura sanitaria: el artículo 8 de la Ley 27.793 garantiza a los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad un programa médico de atención y cobertura de salud que asegure las prestaciones básicas establecidas en la Ley 24.901. Del otro lado de la mesa, el proyecto actual de libertarios, macristas y radicales propone que sólo puedan acceder al programa básico de Incluir Salud, creado por la Resolución 1862/2011 del Ministerio de Salud, o al programa que lo sustituya.
Sin embargo, los bloques provinciales y dialoguistas consideraron que sería mejor recuperar la redacción original de la Ley de Emergencia, ya que ofrece una garantía más amplia y no condicionada a un programa sanitario de rango infralegal. Por ende, hay probabilidades de que la cobertura sanitaria no se limite al programa Incluir Salud si no que se mantenga como ya está previsto en la ley actual.
Otros de los puntos que algunos bloques provinciales buscan modificar sobre este dictamen -para acompañarlo mañana en el recinto- es el financiamiento del sistema. Por un lado, exigieron que se especifique el costo fiscal de la implementación de la iniciativa; luego, dicho monto deberá quedar reflejado en el futuro Presupuesto 2027.
Asimismo, estos sectores dialoguistas -mayormente el bloque de Argentina Federal- pidieron identificar las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud destinadas al pago de pensiones no contributivas, la atención médica de sus beneficiarios y la prevención de discapacidades. En caso de que los créditos disponibles resulten insuficientes, se prevé cubrir el excedente mediante compensaciones presupuestarias con partidas de la Jurisdicción 91, correspondiente a Obligaciones a Cargo del Tesoro.
Además, se propone establecer que las leyes de presupuesto garanticen recursos suficientes para sostener el sistema y que el ingreso por beneficiario no pueda ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. La redacción también incorpora la facultad de la Jefatura de Gabinete de reasignar partidas durante cada ejercicio para asegurar la continuidad de las prestaciones.
Este martes, aquellos diputados libertarios, macristas y radicales que llevaron adelante la escritura del documento se reunirán para determinar qué de estas sugerencias toman en cuenta. De aceptar alguna o todas, se darán a conocer mañana en el recinto.
620 pozos y más producción. El desarrollo contempla cuatro plantas de tratamiento, con capacidad para producir 100.000 barriles diarios de petróleo y procesar 12 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.
Exportaciones por U$S 2.300 millones. El 92% de la producción se destinará a los mercados externos. La iniciativa prevé generar más de 2.300 puestos de trabajo.
Dos etapas de inversión. La primera demandará U$S 4.175 millones para desarrollar la zona sur, mientras que la segunda requerirá U$S 8.065 millones para avanzar sobre la zona norte. El proyecto fue aprobado mediante la Resolución 1808/2026 del Ministerio de Economía.
Periodista y director de El Observador 107.9
