Cristina ya está presa: el Tribunal le concedió el arresto domiciliario

El Tribunal Oral Federal 2 concedió este martes la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner, informó la Revista Quorum. La ex presidenta cumplirá así su condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad sin ingresar a un establecimiento carcelario. Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu aceptaron el pedido de la defensa, representada por Alberto Beraldi, pese a la firme oposición de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Cristina Kirchner, de 72 años, quedó en condición de detenida en su domicilio de la calle San José 1111 del barrio porteño de Monserrat, sin posibilidad de salir salvo con permiso judicial por motivos estrictamente excepcionales. La notificación se realizará por cédula electrónica y a través de la comisaría del barrio, evitando así que Kirchner deba presentarse en los tribunales de Comodoro Py.

La decisión del tribunal se produjo en un contexto de alta expectativa, ya que organizaciones kirchneristas, el Partido Justicialista, La Cámpora y diversos sindicatos habían convocado a una movilización hacia los tribunales federales para acompañar a la ex mandataria. El operativo de seguridad desplegado en Comodoro Py incluyó el cierre de varios accesos habituales y la restricción del tránsito en el sexto piso del edificio.

Condiciones estrictas del arresto domiciliario

El tribunal estableció reglas de conducta específicas que Kirchner deberá cumplir durante toda la ejecución de su condena. La ex presidenta tendrá obligación de permanencia en el domicilio fijado, pudiendo quebrantar esta restricción únicamente en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Cualquier salida por fuera de estos supuestos requerirá autorización previa del tribunal sin excepción.

Entre las condiciones impuestas, Kirchner "deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes", según estableció la resolución judicial. Además, en un plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina completa de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la atienden y abogados representantes, quienes podrán acceder al domicilio sin autorización judicial.

El tribunal ordenó a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE), dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico en la ex presidenta. Esta medida fue una de las principales exigencias de los fiscales en caso de que se concediera el beneficio domiciliario.

La posición de los fiscales y los argumentos rechazados

Los fiscales Luciani y Mola se opusieron categóricamente al pedido de prisión domiciliaria, argumentando que "no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria". En su dictamen, sostuvieron que no se encontraban configuradas razones de salud o vinculadas a la edad que permitieran inferir que el encierro carcelario pudiera afectar el derecho a un trato digno.

Los representantes del Ministerio Público basaron su postura en el artículo 10 del Código Penal, que establece que los jueces "podrán" conceder el beneficio cuando el condenado supere los 70 años, pero no están obligados a otorgarla automáticamente. "La ejecución de la pena bajo el régimen domiciliario constituye una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad en prisión", enfatizaron en su escrito.

Los fiscales Luciani y Mola rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner.

Respecto al control de la pena, los fiscales rechazaron que fuera la custodia policial asignada a Kirchner la encargada de garantizar la ejecución, argumentando que "esos agentes son policías –custodios personales- mas no personal penitenciario o especializado en la materia". Por ello propusieron que la DAPVE se encargara de la implementación y seguimiento del dispositivo electrónico.

En cuanto al uso de la tobillera electrónica, los fiscales desecharon el argumento de la defensa que consideraba este monitoreo como una "dilapidación de los escasos recursos" del Estado. Criticaron esta posición señalando que el control efectivo del cumplimiento de la pena no puede depender únicamente de personal policial común, sino que requiere supervisión especializada.

La defensa había fundamentado su pedido en la edad de Kirchner y el atentado que sufrió en septiembre de 2022 en la puerta de su domicilio de Recoleta, argumentos que los fiscales consideraron insuficientes para justificar el beneficio domiciliario. Durante el estudio socioambiental ordenado para evaluar las condiciones del domicilio propuesto, la ex presidenta había manifestado encontrarse en buen estado de salud general, según consignaron los fiscales en su dictamen.