Diputados volverá a tratar el DNU 70.
El DNU 70 nació como respuesta a una emergencia y casi tres años después sigue ordenando parte de la vida económica argentina. El país nos tiene acostumbrado a vivir bajo excepciones ¿Cuánto puede durar lo excepcional antes de convertirse en regla?
En la lista de objetos fascinantes está, sin dudas, una pequeña caja de vidrio con un martillo adentro que dice “romper en caso de emergencia”. La gracia del dispositivo está en el vidrió más que en el martillo. El vidrio dice dos cosas. Primero, se infiere que ese objeto existe, pero no se usa normalmente. Para usar el martillo hay que aceptar que algo extraordinario está ocurriendo. Y en segundo lugar se infiere que algo se debe romper para acceder a la herramienta.
Un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se parece bastante a eso.
La Constitución argentina establece que el Poder Ejecutivo no puede legislar, salvo cuando existan “circunstancias excepcionales” que hagan imposible seguir el trámite ordinario de las leyes. La palabra importante no es decreto. Tampoco urgencia. Es excepcional.
En diciembre de 2023, Javier Milei rompió el vidrio. El DNU 70 fue una de las primeras grandes declaraciones políticas de su Gobierno. No sólo porque desreguló sectores de la economía sino por su tamaño y ambición. Alteró o complementó decenas de normas vinculadas con alquileres, comercio, tarjetas de crédito, aduanas, tierras y muchas otras áreas. Su primer artículo declaró una emergencia pública en una larga lista de materias y el propio texto argumentó que la gravedad de la crisis hacía necesario actuar sin esperar los tiempos legislativos habituales.
Casi tres años después, el martillo sigue arriba de la mesa del Gobierno. El próximo 15 de octubre, la Cámara de Diputados tiene convocada una sesión especial para intentar rechazar el DNU. El Senado ya lo rechazó en marzo de 2024. Si Diputados hiciera lo mismo, el decreto perdería vigencia. Por ahora, el número no está asegurado y un nuevo capítulo judicial alrededor de la Ley de Tierras complicó todavía más el quórum opositor.
Pero hay algo más interesante que contar los 129 votos necesarios para empezar una sesión. La paradoja en este caso está servida porque cuanto más tiempo sobrevive una medida de emergencia, más difícil se vuelve tratarla como una medida de emergencia.
Una norma modifica contratos. Los contratos modifican decisiones. Las decisiones producen inversiones, precios, negocios, expectativas, costumbres. Después de casi tres años, rechazar un decreto no significa simplemente borrar un texto del Boletín Oficial. Significa preguntarse qué hacer con una realidad que ya se acomodó alrededor de él.
Ahí aparece una especie de trampa temporal. Al comienzo, el argumento oficial era que había que avanzar rápido porque la situación no permitía esperar. Ahora, uno de los argumentos para no revertirlo es precisamente que pasó demasiado tiempo y deshacerlo podría generar inseguridad jurídica. Incluso dirigentes que cuestionan partes del DNU han advertido sobre las consecuencias de restaurar de golpe normas que llevan años derogadas.
Es fascinante. La urgencia produce velocidad y la velocidad, con el tiempo, produce permanencia. Solo hace falta ser argentino y vivir la argentina para reconocer que la lentitud política puede ser desesperante. El Congreso puede discutir durante meses aquello que la vida cotidiana exige resolver mañana. Una sociedad en crisis no experimenta el tiempo como lo experimenta una comisión parlamentaria. Para el que tiene un negocio que cierra, una deuda que vence o un alquiler que pagar, “esperar el trámite correspondiente” puede sonar como una sofisticada excusa para no hacer nada.
Tampoco hace falta ser doctor en leyes para advertir el problema inverso. Los sistemas de gobierno, en este caso uno republicano, representativo y federal, inventaron procedimientos lentos por una razón. Dos cámaras, comisiones, dictámenes, debates, mayorías, vetos. Visto desde afuera, parece una máquina deliberadamente ineficiente. Y en cierto sentido lo es.
Una de las características centrales de la modernidad es la aceleración. Producimos, comunicamos, viajamos y decidimos cada vez más rápido. La política vive atrapada en esa misma ansiedad. Queremos que un gobierno resuelva en semanas problemas acumulados durante décadas. Pero la democracia parece tener algo de mecanismo analógico en un mundo digital. Su lentitud no siempre es una falla. A veces es el freno.
Y acá conviene hacer un alto. Rescatar una palabra desprestigiada: freno. En la conversación pública argentina, frenar suele equivaler a impedir, obstruir, conservar privilegios. Pero ningún auto de Fórmula 1 es menos sofisticado porque tenga buenos frenos. Al contrario. Cuanto más rápido puede ir, más importante es su capacidad de detenerse.
El problema argentino es que tendemos a discutir velocidad como si fuera ideología. Cuando gobiernan los propios, la urgencia parece responsabilidad. Cuando gobiernan los otros, parece autoritarismo. Los decretos, las facultades delegadas y las emergencias cambian misteriosamente de naturaleza según quién ocupe el sillón de Rivadavia. El instrumento que ayer denunciábamos puede convertirse mañana en herramienta indispensable.
Y quizás ahí esté la parte menos novedosa del DNU 70.
La Argentina conoce bastante bien el idioma de la emergencia. En 1989, en medio de la hiperinflación, el Gobierno de Carlos Menem impulsó una Ley de Emergencia Económica para enfrentar lo que la propia norma definía como graves circunstancias económicas y sociales. En enero de 2002, después del derrumbe de la convertibilidad, el Gobierno de Eduardo Duhalde volvió a declarar la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Lo extraordinario es lo que ocurrió después. Aquella emergencia de 2002, nacida de una crisis que parecía no admitir demora, fue prorrogada una y otra vez durante los años siguientes. Con modificaciones y distintos alcances, llegó hasta 2017. Quince años es mucho tiempo para una emergencia.
Y el mecanismo tampoco pertenece a un solo color político. En diciembre de 2019, el Gobierno de Alberto Fernández declaró otra vez la emergencia, esta vez económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Meses después, la pandemia agregaría una emergencia sanitaria que también sería prorrogada.
No son situaciones jurídicamente idénticas y sería tramposo presentarlas como si lo fueran. Algunas fueron leyes votadas por el Congreso, otras decretos; algunas respondieron a colapsos económicos y otras a una pandemia. Pero comparten algo profundo porque la excepcionalidad es una de los idiomas que la política argentina aprendió a hablar con mayor fluidez.
Tal vez por eso el DNU 70 sea bastante más que una discusión sobre alquileres, tierras o desregulación. No inventó nuestra relación con la emergencia. La heredó. Y la llevó a una escala que vuelve a poner sobre la mesa una vieja pregunta para los argentinos. ¿Qué ocurre cuando las herramientas creadas para atravesar un momento excepcional empiezan a formar parte del funcionamiento habitual del Estado.
Es un espejo de nuestra relación con el tiempo. La Argentina vive desde hace décadas con la sensación de estar llegando tarde a alguna parte. Hay que estabilizar ya, crecer ya, reformar ya, recuperar lo perdido ya. Cada Gobierno recibe un país que, según explica, está a minutos de una catástrofe o a meses de una transformación histórica.
En una sociedad así, la palabra “emergencia” corre riesgo de vida al dejar de nombrar a una excepción para convertirse en una forma de gobierno permanente.
Y entonces volvemos al martillo. La discusión del jueves no va a ser solamente quién consigue 129 diputados, qué leyes reviven o qué sector político gana la jornada. Seguramente la pregunta subyacente sea más elemental.
Si el cartel dice “romper en caso de emergencia”, deberíamos saber dos cosas: cuándo estamos realmente ante una emergencia y, sobre todo, quién vuelve a poner el vidrio cuando la emergencia termina.
Analista internacional, experto en geopolítica. Abogado y filósofo
