
Genocidio en Myanmar: el fiscal argentino que anticipó el fallo de la CIJ explicó cómo probó la intención de exterminio
El fiscal Guillermo Marijuan, que pidió capturas internacionales en 2024, analizó el fallo de la Corte Internacional de Justicia

El fiscal Guillermo Marijuan, que pidió capturas internacionales en 2024, analizó el fallo de la Corte Internacional de Justicia
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de las Naciones Unidas, determinó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá. Es la primera vez en sus 80 años de historia que el organismo declara a un Estado responsable de ese crimen. El fallo, que responde a la demanda presentada por Gambia, obliga al país asiático –gobernado de facto por el general Min Aung Hlaing desde el golpe de Estado de febrero de 2021– a permitir el regreso seguro de los refugiados, investigar y castigar a los sospechosos y pagar las indemnizaciones correspondientes.
En ese camino, la justicia argentina tuvo un papel previo. El fiscal federal Guillermo Marijuan investigó los hechos en una causa abierta por jurisdicción universal y ya había concluido que las autoridades birmanas cometieron genocidio. En diálogo con el sitio Infobae, analizó el alcance de la sentencia y repasó cómo se construyó la acusación.
Según ACNUR, hay 1,2 millones de refugiados rohinyás, la mayoría en Bangladesh, que sobreviven desplazados desde hace casi una década. Marijuan fue el primero en avanzar con una investigación contra quienes consideró responsables del genocidio y el 28 de junio de 2024 pidió la emisión de circulares rojas para la captura internacional de los imputados birmanos.
El fiscal aclaró que la CIJ evaluó la responsabilidad del Estado de Myanmar, mientras que la causa argentina investiga responsabilidades penales individuales. Aun así, sostuvo que se trata de “carriles distintos que hoy confluyen”.
Para Marijuan, la aplicación del principio de justicia universal por parte del Ministerio Público argentino y el trabajo de su equipo fueron fundamentales. Insistió en que “debe darse una respuesta jurisdiccional a aquellas personas que no logran llegar a los tribunales” ni hacer oír sus reclamos.
Según explicó, la evidencia más contundente fue la coincidencia entre fuentes independientes. Los sobrevivientes que declararon ante la Fiscalía, en Buenos Aires y por videoconferencia desde Bangladesh, relataron lo mismo que surge de las imágenes satelitales y del material aportado por el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar de la ONU. A eso se sumó el testimonio de un ex militar desertor que describió el funcionamiento del ejército desde adentro.
Lo más difícil, reconoció, fue acreditar la intención de destruir al grupo, que distingue al genocidio de los crímenes de lesa humanidad, y reconstruir la cadena de mando a miles de kilómetros, sin acceso al territorio ni cooperación del Estado. Lo que terminó de convencerlos fue advertir que 2017 “no fue un estallido aislado, sino el punto culminante de décadas de políticas dirigidas contra los rohinyá”.
Sobre cómo se demuestra un propósito que nunca queda por escrito, fue categórico: “Nadie firma una orden que diga ‘destruyan a este pueblo’. La intención se reconstruye a partir de la conducta, del patrón”.
Enumeró así décadas de medidas en un mismo sentido: la negación de la ciudadanía, las restricciones para circular, estudiar, atenderse en un hospital o practicar su religión, y los permisos para casarse atados al compromiso de no tener más de dos o tres hijos.
A eso sumó la escala de las operaciones de 2017, en las que fueron destruidas total o parcialmente unas 392 aldeas, cerca del 40% de los asentamientos del norte de Rakhine, la mayoría incendiadas en las primeras tres semanas. También pesó el lenguaje: el ejército prohibía la palabra rohingya y trataba a esa población de extranjeros invasores, y hubo una campaña de discurso de odio en redes sociales vinculada a estructuras militares, según informes de la ONU. “Cuando todos esos elementos se leen juntos, la única explicación razonable es la voluntad de eliminar al grupo como tal”, afirmó.
Marijuan definió el trabajo con las víctimas como “el aspecto más delicado de toda la investigación”. Declararon con intérpretes de su idioma y, en la mayoría de los casos, con reserva de identidad por razones de seguridad. Se aplicaron la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y los protocolos vigentes, y se pidió la intervención del Programa de Asistencia a Víctimas de la Represión y la Tortura para brindar contención psicológica.
Cuando las mujeres víctimas de violencia sexual relataban los abusos, en la sala solo quedaban mujeres, y si el dolor les impedía seguir, la audiencia se interrumpía. “Nadie fue obligado a contar más de lo que podía”, señaló. Lo que más lo marcó fue el testimonio de un médico de una aldea arrasada que, junto a su hija, atendió a víctimas de violencia sexual, entre ellas niños. “Eso no se olvida”, dijo.
Con más de 30 años como fiscal federal, admitió que podría pensarse que nada lo conmueve. Sin embargo, que la CIJ reconociera la labor de su equipo le generó orgullo y lo calificó como “un logro profesional muy importante”. Pero puso el foco en otro lado: “Los sobrevivientes de las masacres que reciben una respuesta justa son, sin duda alguna, los que deben sentir el verdadero logro por sus reclamos”.
Respecto de quiénes deberían sentarse en el banquillo, informó que hay 25 imputados con captura internacional ordenada por la justicia argentina en febrero de 2025. Deberían responder tanto quienes condujeron las operaciones como quienes las permitieron, desde la cúpula militar y los jefes en el terreno hasta el ministro del Interior y las máximas autoridades civiles de ese momento.
Admitió con franqueza que las posibilidades reales son limitadas: Interpol no cargó las notificaciones rojas, invocó la inmunidad y el carácter político y militar del asunto, y Myanmar se opuso formalmente. Sin esa herramienta, las órdenes solo pueden cumplirse si los acusados ingresan a la Argentina. Por eso espera que el pedido de la Fiscalía prospere, porque “ya no es solo la justicia argentina sino la propia Corte Internacional de Justicia la que afirma que hubo genocidio y ordena investigar y castigar”. Y concluyó que seguirán trabajando con el Mecanismo de la ONU.