La jornada incluirá una movilización al Congreso de la Nación a partir de las 13.30. Durante la medida de fuerza, se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención de urgencias en centros asistenciales para niños, adolescentes y adultos mayores.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para el próximo jueves 15 de octubre, en reclamo de la derogación del Decreto 70/23.
La jornada incluirá una movilización al Congreso de la Nación a partir de las 13.30. Durante la medida de fuerza, se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención de urgencias en centros asistenciales para niños, adolescentes y adultos mayores.
"Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita", afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
El dirigente también cuestionó el uso de decretos para impulsar medidas de gobierno. "No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto", sostuvo.
Además de las restricciones en la atención sanitaria, ATE anticipó que la medida alcanzará a los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones y controles sanitarios en puertos y aduanas a cargo del Senasa.
También se verá afectada la actividad de los radiooperadores de medios públicos, el personal encargado del manejo de incendios forestales, los agentes de tránsito, los controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y los trabajadores de mantenimiento de plantas nucleares.
El paro nacional de ATE también alcanzará a los servicios públicos provinciales y municipales, entre otros sectores.
En el ámbito aerocomercial, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) garantizará únicamente los vuelos sanitarios y de Estado. Por su parte, PAMI y ANSES limitarán la atención a las emergencias.
La movilización coincidirá con la Marcha Federal Universitaria, que reclama el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial, la actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
"Desde que asumió Milei nunca existió ni necesidad ni urgencia. La Constitución Nacional le prohíbe expresamente al presidente legislar. Y si lo hace, debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. Con un Congreso que estuvo siempre abierto, este decreto es corrupción", concluyó Aguiar.
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