Economía advierte sobre el impacto fiscal: demandaría más de $1,2 billones anuales desde 2028, pero Bullrich busca preservar los acuerdos. Aliados lanzaron una fuerte amenaza.
El proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad volvió a exponer las diferencias entre la conducción política del oficialismo y el área económica del Gobierno. A pocos días de que el Senado se prepare para debatir el proyecto: este jueves 19, Patricia Bullrich busca preservar el acuerdo parlamentario que permitió avanzar con la iniciativa, mientras que desde el Ministerio de Economía volvieron a advertir por el impacto fiscal.
El principal punto de tensión está en los números. Según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), mantener el régimen de prestaciones contemplado en este proyecto, junto con la actualización mensual de los valores por inflación y la implementación de un arancel único del nomenclador, demandará un refuerzo de $600.000 millones en las partidas del Presupuesto 2027. La cifra equivale al 0,04% del PBI.
Para 2028 y los años siguientes, la OPC calculó que el gasto anual superaría los $1,2 billones, alrededor del 0,07% del PBI, a medida que el sistema se consolide como un régimen permanente. Estas proyecciones explican buena parte de las objeciones que volvieron a aparecer dentro del Gobierno y anticipan una discusión que excede el tratamiento legislativo inmediato.
El planteo fue rechazado rápidamente en el Palacio Legislativo: la discapacidad está en una crisis profunda -desde siempre- y requiere de una ley permanente. Insisten en que cualquier cambio obligaría a reabrir una tensa negociación que ya demandó acuerdos con distintos sectores políticos y que permitió reunir un gran respaldo; es decir, la preocupación de Bullrich pasaría por que una nueva discusión desarme los consensos construidos en el Senado.
En el Senado incluso circularon versiones de que el ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los funcionarios que directamente transmitió a la titular de la bancada libertaria la necesidad de revisar algunos artículos y ordenar las cuentas públicas antes de que la iniciativa sea sancionada este jueves 19. La respuesta que habría recibido fue contundente: "Hubieran arreglado antes con Martín (Menem)".
De hecho, entre medio, Bullrich hizo pública su posición el pasado jueves 12. "Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado", escribió en su cuenta de X. La senadora definió la iniciativa como una norma necesaria para resolver "un problema que lleva demasiados años en disputa" y reivindicó el entendimiento alcanzado: "Demostramos que podemos solucionarlo hablando".
El mensaje llegó después de la visita del papa León XIV a la Argentina, durante la cual la discapacidad ocupó un lugar destacado en la agenda del Sumo Pontífice. La senadora, además, ha reclamado en las mesas políticas de cada martes en Casa Rosada que las medidas económicas y -por ende- sus resultados deben empezar a llegar a los bolsillos de la gente y no quedarse en la macro. Este reproche lo acentuó cuando estallaron los casos de morosidad en el país.
Dicho proyecto fue elaborado e impulsado por legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y Argentina Federal. En Diputados consiguió una aprobación prácticamente unánime, con el acompañamiento incluso de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Provincias Unidas. Posteriormente, obtuvo dictamen en el Senado, donde el oficialismo también logró reunir respaldos de todos los bloques.
La discusión fiscal también atraviesa el Presupuesto 2027. Aunque semanas atrás en Diputados el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se comprometió a garantizar el financiamiento de las prestaciones de discapacidad en un 100%, la promesa no terminó de disipar las dudas entre aliados y opositores.
De hecho, durante el debate presupuestario en la Cámara baja, distintos sectores reclamaron la eliminación de los artículos 36 al 41 del proyecto de Presupuesto, vinculados con cuestiones que afectan el financiamiento de las políticas de discapacidad. Desde el interbloque Fuerzas del Cambio advirtieron que, si esos artículos no eran retirados, no acompañarían el proyecto.
Con el dictamen ya firmado y los acuerdos parlamentarios encaminados, el Senado tiene previsto tratar el proyecto el próximo jueves 19. En la conducción libertaria confían en que la iniciativa consiga una aprobación amplia, posiblemente por unanimidad. La incógnita es si las advertencias del área económica quedarán circunscriptas a la discusión interna o si volverán a poner en riesgo un consenso que el oficialismo considera prácticamente cerrado.
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