La inteligencia artificial cambia las reglas de la responsabilidad médica
No se trata de reemplazar al médico por un algoritmo ni de convertir cada innovación en una obligación.
No se trata de reemplazar al médico por un algoritmo ni de convertir cada innovación en una obligación.
La medicina está incorporando herramientas capaces de detectar señales que pueden pasar inadvertidas en una revisión convencional. Ese avance plantea una pregunta incómoda para hospitales, clínicas y profesionales: cuando una tecnología útil está disponible, ¿puede tener consecuencias jurídicas decidir no utilizarla?
No se trata de reemplazar al médico por un algoritmo ni de convertir cada innovación en una obligación. El problema es otro. A medida que determinados sistemas demuestran su utilidad y se integran a los procedimientos de atención, también puede cambiar aquello que razonablemente se espera de quienes deben prevenir, diagnosticar y tratar una enfermedad.
Pensemos en un centro de diagnóstico que adquiere un programa de inteligencia artificial para colaborar en la lectura de mamografías. El sistema está instalado, pero nadie establece en qué situaciones debe emplearse ni quién revisará sus alertas. Una paciente recibe un informe sin hallazgos y, tiempo después, se descubre una lesión avanzada. ¿Qué debería examinar un juez? No solo la conducta del radiólogo, sino también las decisiones de la institución y las posibilidades reales de detectar antes la enfermedad.
La escena es hipotética. Sin embargo, la discusión que plantea tiene una base científica concreta. El ensayo sueco MASAI, realizado con cerca de 106.000 mujeres, comparó la lectura convencional de mamografías por dos radiólogos con un procedimiento asistido por inteligencia artificial. Los resultados publicados en The Lancet a comienzos de 2026 informaron una sensibilidad del 80,5% para el procedimiento asistido, frente al 73,8% del tradicional, sin incremento de la proporción de falsos positivos.
Otra investigación, realizada en España con más de 31.000 mujeres y publicada en Nature Medicine, examinó un modelo diferente: la inteligencia artificial clasificaba como de bajo riesgo determinados estudios y los profesionales revisaban los restantes. También se registró un aumento en las detecciones. Los resultados son relevantes, pero no autorizan conclusiones automáticas: detectar más lesiones no equivale necesariamente a reducir la mortalidad, y existe el riesgo de identificar tumores que nunca habrían provocado un perjuicio.
Por eso sería equivocado sostener que cualquier programa de inteligencia artificial mejora cualquier diagnóstico. Las herramientas difieren en calidad, validación, indicaciones y condiciones de funcionamiento. La decisión de utilizarlas exige criterio clínico, evaluación institucional y conocimiento de sus limitaciones. Precisamente allí comienza el análisis jurídico.
En una demanda civil, el punto de partida sería determinar cuál era la conducta diligente exigible al profesional y al establecimiento en el momento de la atención. No alcanza con mostrar, años después, que apareció un sistema más preciso. Habrá que establecer si la tecnología ya estaba suficientemente validada, si era adecuada para ese estudio, si estaba efectivamente disponible y qué protocolos regían su utilización.
En ciertos casos, el daño reclamado podría consistir en la pérdida de una oportunidad seria de diagnóstico o tratamiento oportuno. La diferencia importa: nadie podría afirmar que un médico causó una enfermedad por no usar un programa. Lo que sí podría discutirse, con respaldo pericial, es si una omisión negligente privó al paciente de una posibilidad concreta de recibir atención a tiempo. Esa posibilidad no puede construirse sobre especulaciones.
La responsabilidad penal requiere un examen todavía más estricto. En la Argentina, no existe una obligación general de utilizar inteligencia artificial en toda prestación médica. Para atribuir un delito culposo no bastaría demostrar que había una herramienta disponible y que no fue utilizada. Sería necesario identificar un deber concreto de cuidado, acreditar su incumplimiento por imprudencia o negligencia y demostrar que ese incumplimiento se relaciona jurídicamente con una lesión o una muerte.
Esta última exigencia es decisiva. Que una tecnología aumente estadísticamente la detección de una enfermedad no demuestra qué habría ocurrido con un paciente determinado. En un proceso penal deberían analizarse las imágenes originales, la capacidad del sistema para identificar aquella lesión, el momento en que habría podido advertirse y si una intervención más temprana habría evitado el resultado. Si el nexo causal no se prueba con la certeza exigida para condenar, corresponde absolver.
Tampoco es equivalente no adoptar un sistema experimental a desatender una alerta generada por una herramienta validada y prevista en el protocolo del establecimiento. Incluso en este último escenario, el aviso del programa no constituye una orden médica ni acredita por sí mismo una conducta delictiva. Pero la decisión de ignorarlo, y las razones documentadas para hacerlo, podrían adquirir relevancia probatoria.
Hay una dimensión institucional que suele quedar fuera del debate público. Una clínica puede invertir en tecnología y, al mismo tiempo, aumentar sus riesgos si no define responsabilidades, capacitación, mecanismos de supervisión y criterios de registro. Comprar un sistema no equivale a incorporarlo correctamente a la atención. En materia civil podrían discutirse fallas organizativas; en materia penal, en cambio, corresponde examinar individualmente los deberes y las conductas de cada persona.
Cuando un conflicto de estas características llega a un estudio jurídico, la primera tarea no debería ser discutir en abstracto si la inteligencia artificial es mejor que el médico. Debería consistir en preservar la historia clínica, los protocolos aplicables y los registros digitales disponibles: accesos, alertas, resultados y decisiones. Esos elementos pueden ser fundamentales tanto para quien reclama como para quien debe defenderse. No todos los sistemas guardan los mismos datos ni los conservan durante el mismo plazo.
El debate ya aparece en la literatura jurídica internacional. En marzo de 2026, Amelie S. Berz, de la Universidad de Oxford, señaló en Medical Law Review que la superioridad estadística no impone automáticamente el uso de una herramienta: también debe considerarse si el profesional dispone de información suficiente sobre su funcionamiento y sus errores posibles.
La prevención razonable no consiste en utilizar toda tecnología por temor a una demanda. Consiste en evaluar qué herramientas aportan valor, establecer cuándo corresponde emplearlas, formar a los equipos y dejar constancia de las decisiones relevantes. Esa organización protege al paciente y también permite reconstruir, con mayor justicia, qué sucedió ante un resultado adverso.
Es probable que los tribunales deban resolver estos conflictos antes de que exista una regulación exhaustiva. Y cuando eso ocurra, no bastará con enfrentar la intuición humana contra la precisión de una máquina. Habrá que responder una pregunta mucho más concreta: qué podía exigirse razonablemente en ese momento y qué consecuencias comprobables tuvo no hacerlo. El avance tecnológico no elimina el criterio profesional; obliga a explicar mejor cómo se ejerce.