Régimen Penal Juvenil
La medida, efectivizada a través de la Resolución 484/2026 firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, establece las acciones necesarias para poner en funcionamiento la Ley 27.801 en el ámbito Nacional y Federal.
El Gobierno nacional oficializó este viernes la creación del Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, una estructura que tendrá a su cargo la coordinación de las acciones necesarias para poner en funcionamiento la Ley 27.801 en el ámbito de la Justicia Nacional y Federal.
La medida, efectivizada a través de la Resolución 484/2026 firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, establece como ámbito de funcionamiento del esquema a la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia.
El texto publicado en la edición matutina del Boletín Oficial (BORA) designó además como coordinadora, con carácter ad honorem, a Débora Eliana Di Girolamo, quien oficiará la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo que se demanden.
El Ministerio de Justicia definió como objetivo general del programa "concertar la implementación integral del Régimen Penal Juvenil" dentro de las competencias de la Justicia Nacional ordinaria y federal. También deberá impulsar intervenciones basadas en evidencia orientadas a reducir la reincidencia, fortalecer la tutela de las víctimas y contribuir a la formación especializada de los operadores del sistema.
Entre sus funciones se encuentra además la articulación entre organismos nacionales, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con la producción y sistematización de información estadística e institucional para evaluar los resultados de la política criminal juvenil y orientar la toma de decisiones.
Otro de los ejes será la administración y supervisión del cuerpo de profesionales encargado del seguimiento de las medidas judiciales. Para ello, la resolución aprobó el Reglamento del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil y el Manual del Supervisor Juvenil.
El reglamento establece que la incorporación de profesionales al Registro se realizará mediante convocatoria pública y que deberán cumplir requisitos de matriculación, capacitación y actualización. La inscripción tendrá una vigencia de tres años y los supervisores deberán acreditar anualmente un mínimo de 15 horas cátedra de capacitación continua en materias vinculadas con el régimen penal juvenil, justicia restaurativa, salud mental y protección integral de derechos.
Los profesionales tendrán, entre otras obligaciones, realizar entrevistas semanales con los adolescentes asignados, elaborar informes mensuales para el órgano judicial y actualizar el plan individual de intervención. También deberán articular con los servicios de salud, educación, formación laboral y protección de derechos que correspondan.
La resolución también aprobó normas específicas para la asistencia integral de las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el Régimen Penal Juvenil. El programa trabajará en este punto junto con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia para fortalecer la orientación, atención y derivación hacia los servicios disponibles.
El Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) podrá brindar información sobre derechos, orientación durante las distintas etapas del proceso, contención y acompañamiento psicosocial, además de identificar necesidades de protección, asistencia o reparación.
La asistencia también podrá incluir orientación para acceder a patrocinio jurídico gratuito cuando las condiciones económicas o personales de la víctima impidan afrontar ese servicio. El acompañamiento institucional podrá mantenerse durante el proceso penal juvenil mientras la persona afectada manifieste su voluntad de continuarlo.
El programa tendrá además funciones de apoyo al Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, espacios previstos para coordinar la aplicación de la normativa entre organismos nacionales, provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución dispone la creación de mecanismos permanentes de seguimiento, monitoreo y evaluación para medir el cumplimiento de las medidas y penas, el desempeño institucional y los indicadores vinculados con la reincidencia. También establece la coordinación con el Registro Nacional de Reincidencia para implementar la sección especial destinada a los adolescentes alcanzados por la Ley 27.801.
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