Sociedad

Italia podría dar marcha atrás con el endurecimiento de los requisitos para obtener la Ciudadanía: ¿qué se sabe hasta ahora?

La comisión encargada de evaluar su impacto en carácter de urgencia dio curso a cinco revisiones establecidas en el Decreto 36/2025 firmado por Giorgia Meloni.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de la República Italiana emitió el miércoles dictamen favorable a la conversión en ley del Decreto 36/2025 que impuso nuevas restricciones para la adquisición de la Ciudadanía italiana por derecho a sangre para extranjeros.

Redactado por el senador Roberto Menia del partido Fratelli d'Italia (presidido por Giorgia Meloni), la resolución incluyó, entre sus observaciones, la oportunidad de reconsiderar la presunción del nacimiento en país de los antepasados, el deseo de que se prevean normas para la readquisición del documento, además de la posibilidad de incluir pruebas de idioma y que se instituyan "vías facilitadas" para los "descendientes o ex ciudadanos residentes en países víctimas de regímenes dictatoriales", según informó el sitio local Aise.it.

"La regla puede ser demasiado restrictiva. Por este motivo propongo un test de italiano de nivel B1, para facilitar a quienes quieran regresar a Italia y demostrar periódicamente sus vínculos con el país", reconoció el parlamentario.

En el debate que precedió a la votación, el senador y vicepresidente adjunto del Grupo Aut (SVP-Patt, Cb), Luigi Spagnolli, explicó su rechazo al decreto 36/2025, al indicar que "la medida representa, en efecto, una especie de expropiación de poderes por parte del Gobierno contra el cuerpo legislativo, que debería estar facultado prima facie para regular una materia tan delicada como la ciudadanía".

En cuanto al fondo, sumó: "No se puede compartir la filosofía subyacente del decreto-ley, que, de hecho, tiende a no facilitar la vida a los diversos compatriotas que desean sentirse italianos en el extranjero".

El senador Alessandro Alfieri (PD) también se mostró crítico, pero destacó que Menia "había refinado aún más su proyecto de opinión". A pesar de ello, agregó que "las numerosas cuestiones críticas mencionadas en la disposición contradicen el tenor mismo de la opinión, que es formalmente favorable".

"El Gobierno ha decidido pasar, evitando incluso la más mínima posibilidad de ulteriores estudios, de una situación que podría definirse como "laxista" en cuanto a la concesión de la ciudadanía a las personas de origen italiano residentes en el extranjero, a una situación que prevé de repente una disciplina clara y rígida en la materia", cruzó.

¿En qué situación se encuentra hoy el Decreto 36/2025 y qué puede pasar con la ciudadanía italiana?

El dictamen referido a la conversión en ley del Decreto 36/2025 redactado por el senador Roberto Menia fue aprobado el miércoles, aunque con observaciones propuestas por el propio parlamentario, entre las que se destacan:

1) que se pueda reconsiderar o ampliar el requisito del nacimiento en el territorio nacional de un ascendiente en primer grado de un padre o de un adoptante;

2) que en la adopción de las nuevas disposiciones sobre la ciudadanía sea posible evaluar elementos de reequilibrio del criterio territorial del nacimiento;

3) que se establezcan normas específicas para la readquisición de la ciudadanía para quienes la hayan perdido debido a regulaciones restrictivas anteriores, tanto nacionales como extranjeras;

4) que se valore la oportunidad de introducir elementos para la evaluación de la ciudadanía consciente en los casos de nuevo acceso a la ciudadanía, acompañando el camino legal hacia la ciudadanía con sesiones de formación y requisitos verificables de conocimientos lingüísticos y culturales;

5) que se faciliten vías de acogida en la comunidad nacional a los descendientes de ciudadanos o ex ciudadanos italianos residentes en países víctimas de regímenes dictatoriales, también en el sentido de facilitar la adquisición de la ciudadanía.

Cada una de las salvedades serán abordadas la próxima semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales para luego, entre el 6 y el 8 de mayo, poder debatirse en el recinto de Diputados. De aprobarse, se remitirá al Senado. El proceso finalizará antes del 28 de mayo.

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