Trump y Xi discuten la IA en una cumbre bilateral mientras la ONU pide reglas globales. Europa, con la ley más estricta del mundo, queda fuera de la competencia.
Mientras António Guterres pronunciaba en Nueva York el último gran discurso de su gestión al frente de la ONU y pedía a los líderes del mundo que se pusieran de acuerdo sobre cómo regular la inteligencia artificial, a pocas cuadras de ahí se preparaba otra escena que contradecía, en los hechos, ese pedido. Donald Trump rechazó de plano cualquier esquema multilateral de control y anunció que, en los documentos oficiales de Estados Unidos, la tecnología pasará a llamarse "súper inteligencia". Horas después, la Casa Blanca confirmó que este jueves recibirá a Xi Jinping para una cumbre bilateral en la que la IA figura en la agenda formal, junto con el comercio, los aranceles y Taiwán.
La escena resume bastante bien dónde está parado el mundo hoy: las dos potencias que concentran el desarrollo real de la tecnología negocian entre ellas, mientras el resto de los actores —la ONU, la Unión Europea, las empresas mismas— discuten alrededor sin demasiada capacidad de torcer el rumbo.
La posición de Trump no es improvisada. Desde marzo, su Marco Legislativo Nacional de Inteligencia Artificial le quita a los estados de la unión la potestad de legislar sobre el tema y evita crear cualquier organismo federal nuevo para regularlo. La lógica que subyace, repetida por el propio presidente, es que cualquier freno le daría ventaja a China en lo que describe como una carrera comparable a la Revolución Industrial.
Esa postura, sin embargo, no representa a todo el arco político ni a toda la industria. Sam Altman, CEO de OpenAI, participó este miércoles de una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU —convocada por Francia, que preside el organismo este mes— para plantear una posición intermedia: que Estados Unidos lidere la creación de estándares técnicos internacionales, sin necesariamente frenar el desarrollo. Su colega y competidor Dario Amodei, CEO de Anthropic, participó de la misma sesión por videoconferencia. Puertas adentro del propio Partido Demócrata, en tanto, crece un ala crítica: referentes como Barack Obama y Kamala Harris pidieron desacelerar, y legisladores como Elizabeth Warren y Bernie Sanders directamente reclaman pausar o prohibir el avance de los modelos más potentes.
La única concesión de Washington a la coordinación internacional pasa, por ahora, por el canal bilateral con Pekín. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que ambos países ya vienen discutiendo un mecanismo de notificación de incidentes de IA, bautizado "diálogo Estados Unidos-China sobre IA". No es un tratado ni un compromiso vinculante: es, más bien, una línea directa entre las dos potencias para avisarse cuando algo sale mal.
Pekín, a diferencia de Washington o Bruselas, no llegó a esta semana con una propuesta regulatoria global propia ni con un discurso público sobre los riesgos de la tecnología. Participa del diálogo bilateral que impulsó Estados Unidos, pero no empuja ningún marco multilateral equivalente al que reclama la ONU: negocia puntualmente con la única contraparte que le importa, sin necesidad de convencer al resto del mundo de nada.
Esa diferencia de enfoque no es solo diplomática. Buena parte del debate en Estados Unidos gira en torno al riesgo de perder el control sobre sistemas cada vez más autónomos, capaces de mejorar sus propias capacidades sin intervención humana. Para China, en cambio, el eje de la "seguridad" de la IA pasa más bien por que los modelos —muchos de ellos entrenados y desplegados por compañías estadounidenses— no expresen posiciones contrarias al Partido Comunista. Son, en rigor, dos nociones de riesgo que no se hablan entre sí, lo que complica cualquier acuerdo de fondo entre ambos países y anticipa un problema que va a reaparecer más adelante: aun si Washington y Pekín quisieran pactar límites concretos, no está claro que exista hoy una manera de verificar que la otra parte los cumple.
La Unión Europea llega a este momento con el marco regulatorio más desarrollado del planeta y, a la vez, con la sensación de estar quedando relegada. El Reglamento de IA europeo, vigente desde agosto de 2024, es hasta ahora la ley más exigente del mundo sobre la materia. Pero la semana pasada la propia Comisión Europea aprobó el "Ómnibus digital sobre IA", una reforma que posterga buena parte de sus obligaciones más duras: las reglas para sistemas de alto riesgo, que debían regir desde agosto de este año, ahora se aplicarán recién en diciembre de 2027 y agosto de 2028, según el caso. Bruselas insiste en que no baja los estándares de protección, solo simplifica trámites para las empresas, en especial las pymes.
El argumento oficial es la competitividad: la reforma nace de informes que ya en 2024 advertían sobre el atraso tecnológico europeo frente a Estados Unidos y China. Esa tensión quedó expuesta apenas unos días atrás, cuando Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se convirtió en la primera líder de una democracia occidental en pedir públicamente que se frene el desarrollo de los modelos más avanzados, los llamados "autorrecursivos". Von der Leyen dijo que su posición coincide con lo que le transmitieron los propios directivos de las empresas del sector, y anunció que convocará a los principales laboratorios de IA para coordinar ese freno.
El problema es que se trata más de una posición moral que de una carta con peso real en la negociación. Mientras Bruselas pide desacelerar, el diálogo bilateral entre Washington y Pekín avanza sin que la Unión Europea tenga asiento en esa mesa: son las dos potencias las que están fijando, en los hechos, los criterios de transparencia que después el resto del mundo deberá adoptar o no.
Esa asimetría —dos potencias negociando entre sí lo que el resto solo puede reclamar— tiene un antecedente que historiadores y analistas vienen señalando con cada vez más frecuencia: la carrera nuclear de la Guerra Fría. En 1963, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética pudieron prohibir los ensayos nucleares atmosféricos porque existía una forma de detectarlos; los ensayos subterráneos, en cambio, siguieron durante tres décadas más, hasta que también hubo manera de monitorearlos. Con la inteligencia artificial no existe, por ahora, un equivalente: los centros de datos son visibles, pero lo que ocurre dentro de un modelo no se puede verificar desde afuera, lo que vuelve mucho más difícil imaginar un acuerdo de control creíble entre Washington y Pekín, aun si en algún momento decidieran intentarlo.
El debate está planteado entre quienes creen que ese antecedente puede repetirse —con el tiempo, algún tipo de tratado de verificación— y quienes lo descartan de plano, porque a diferencia del uranio o las ojivas, un modelo de IA no deja rastros físicos que puedan inspeccionarse. Algunos comparan directamente el escenario actual con lo que hubiera pasado en 1945 si el control de la energía atómica hubiera quedado en manos de un puñado de empresas privadas compitiendo entre sí, sin ningún tipo de coordinación estatal. Es, en gran medida, la discusión que atraviesa hoy a Washington: mientras la administración Trump evita crear cualquier organismo regulador nuevo para no darle ventaja a China, voces de distintos sectores —desde la propia industria hasta el mundo académico— reclaman algún tipo de comisión de control, con el antecedente nuclear como referencia explícita.
La comparación, de todos modos, no es solo metafórica. El propio desarme nuclear atraviesa hoy su propia crisis: el tratado New START, el último acuerdo vigente entre Washington y Moscú para limitar arsenales estratégicos, vence sin reemplazo a la vista, y el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) reportó este año que la cantidad de cabezas nucleares operativas en el mundo volvió a crecer por primera vez en tres décadas. La carrera armamentista clásica y la carrera por la inteligencia artificial no son, entonces, dos fenómenos paralelos que simplemente se parecen: ocurren al mismo tiempo, entre los mismos actores, y con la misma pregunta de fondo sin responder.
Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva para acelerar la supervisión sobre la IA en el estado que alberga Silicon Valley y las sedes de los mayores laboratorios de desarrollo tecnológico. Según el gobernador, la medida busca contrarrestar la inacción del gobierno federal y darle un mensaje a una industria que "está pidiendo a gritos una regulación".
En la Expo Rural del Prado, BBVA dio a conocer una herramienta que permitirá a sus equipos comerciales profundizar el conocimiento de la actividad agropecuaria y fortalecer el asesoramiento financiero a sus clientes.
El presidente participará desde este lunes en actividades sobre inteligencia artificial, relaciones empresariales y crimen organizado. El jueves intervendrá ante la Asamblea General de la ONU y el viernes se reunirá con el secretario general del organismo