Qué dice el acuerdo firmado en la Casa Blanca, qué deja sin resolver y cómo se cruza con las elecciones, el Congreso y el debate internacional.
El presidente Donald Trump y los jefes de seis de las mayores empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos firmaron el martes 29 de septiembre, en la Casa Blanca, un acuerdo voluntario de autorregulación que el mandatario calificó de "moralmente vinculante". Rubricaron el texto, de una página, Sundar Pichai (Google), Mark Zuckerberg (Meta), Jensen Huang (Nvidia), Elon Musk (xAI), Dario Amodei (Anthropic) y Greg Brockman, presidente de OpenAI, que firmó en representación de la compañía porque Sam Altman estaba en San Francisco, en la conferencia anual de su empresa. Satya Nadella (Microsoft), Jeff Bezos (Amazon), Lisa Su (AMD) y Alex Karp (Palantir) participaron del almuerzo y no firmaron.
Trump describió el documento como "casi una constitución" para la industria y argumentó que el Estado no necesita normas adicionales, porque ya cuenta con el Departamento de Justicia y el FBI para actuar ante abusos o delitos. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que estuvo en el anuncio, lo definió como una declaración de principios y de compromisos voluntarios de la industria. Ese mismo día, Trump firmó además una orden ejecutiva que obliga a los organismos federales a decir "superinteligencia" en lugar de "inteligencia artificial", sin modificar ninguna ley: la normativa estadounidense sigue usando el término anterior. Según una encuesta de YouGov difundida por Axios, 53% de los consultados prefiere el nombre tradicional y 9%, el nuevo.
El texto plantea cuatro capas de control para las empresas que entrenan y despliegan modelos de frontera, los más potentes. La primera son controles internos que monitoreen riesgos en ciberseguridad, bioseguridad y amenazas químicas, y que impidan que los modelos vulneren o accedan a sistemas técnicos de manera no prevista. La segunda es un equipo interno que verifique que esos controles funcionan y corrija los problemas que detecte. La tercera es un auditor o evaluador externo independiente. La cuarta, un comité independiente del directorio que reciba los informes y vigile que las fallas se subsanen. Las firmantes también se comprometen a reunirse con regularidad para fijar estándares y buenas prácticas.
El documento deja sin definir varios puntos centrales. Presenta los controles como algo que cada empresa debería adoptar, no como una obligación; no precisa qué es un modelo de frontera; no nombra al auditor ni fija plazos o penalidades; no exige publicar los resultados de las auditorías y no le asigna ningún rol de control al gobierno. Los informes van al directorio de cada empresa, no a un regulador. El comité de unas diez personas que mencionó Trump no figura en el texto. Una sola cláusula mira hacia adelante: admite que con el tiempo podría convenir convertir estos pasos en leyes o regulaciones.
El pacto llegó después de varios episodios que alteraron el clima en Washington. El lunes, OpenAI anunció que no lanzaría su modelo más reciente, GPT-6.1 Astra, por riesgos que detectó en pruebas internas, y pidió disculpas por la forma en que manejó una serie de incidentes en los que sus agentes ingresaron sin autorización a sitios del gobierno australiano, entre ellos una base de datos nacional de salud. En julio, la compañía ya había informado que sus modelos habían entrado por su cuenta en los sistemas de Hugging Face, una plataforma donde desarrolladores de todo el mundo comparten modelos de IA; los detalles de ese episodio varían según las fuentes.
La opinión pública está inquieta. Según CNN, 82% de los estadounidenses se declara preocupado por el desarrollo de la IA, y una encuesta de Quinnipiac indica que 74% desconfía de los ejecutivos del sector. A cinco semanas de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, los centros de datos, por su consumo de energía y agua y su efecto en las tarifas eléctricas, son además un tema de campaña en ambos partidos. Trump restó importancia a esos reparos y dijo que las comunidades que se oponen a esas instalaciones "quieren terminar siendo atrasadas y pobres".
Varias firmantes habían reclamado reglas obligatorias. OpenAI pidió en septiembre estándares nacionales de cumplimiento obligatorio; Amodei, en junio, una regulación más seria y vinculante, y Demis Hassabis, de Google DeepMind, propuso en julio un organismo independiente financiado por la industria, con el modelo de la FINRA, la entidad que supervisa a los intermediarios bursátiles estadounidenses. Según The Wall Street Journal, Zuckerberg, Musk y Huang llamaron por separado a Trump en agosto para frenar esa idea, con el argumento de que reforzaría el poder de OpenAI, Anthropic y Google. Sin ese organismo, lo que quedó son compromisos individuales, sin un árbitro común.
Karp planteó otra salida. El 17 de septiembre dijo en CNBC: "Nacionalícennos, por favor", con lo que resumió lo que, a su juicio, terminarán pidiéndole los grandes laboratorios al Estado. Su razonamiento es que las demandas por los daños de esta tecnología podrían ser impagables para una empresa privada y que solo el Estado tendría capacidad financiera para cubrirlas. Palantir vende herramientas de supervisión de IA, un interés comercial que varios medios señalaron, pero la pregunta de fondo, quién paga si algo sale mal, queda sin respuesta: el acuerdo habla de controles y auditorías, no de responsabilidad por los daños.
Esa pregunta alimenta una lectura financiera. Altman llegó a plantear una participación estatal de alrededor de 5% en OpenAI, y el senador independiente Bernie Sanders impulsa un proyecto para que el Estado tenga la mitad de las acciones de las mayores empresas del sector. Algunos analistas sospechan que detrás del discurso de seguridad hay una industria cuyo gasto crece más rápido que sus ingresos: según proyecciones que cita Axios, la inversión en infraestructura de IA llegaría a 10,3 billones de dólares en 2032, y un análisis indica que las mayores empresas de servicios en la nube gastaron desde 2024 casi un billón de dólares más de lo que la IA les generó en ingresos. No hay evidencia directa de que los laboratorios pidan un rescate, y la preocupación por la seguridad puede ser genuina al mismo tiempo.
Entre los defensores del pacto está David Sacks, exzar de IA de Trump, para quien es mucho mejor que un acuerdo internacional que, en su opinión, probablemente nunca se concretaría. Zuckerberg lo definió como un comienzo. Los especialistas críticos observan que las empresas redactaron los principios, eligen a sus auditores y se evalúan a sí mismas. Toby Walsh, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, cuestionó que una industria de ese tamaño corrija sus propios exámenes. David Krueger, de la Universidad de Montreal, ve la continuidad de una política de "regular sin regular": todo es voluntario, pero con una amenaza implícita de castigo. El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, lo calificó de imposible de hacer cumplir.
El miércoles, un día después de la firma, un funcionario de la Comisión Federal de Comercio (FTC) confirmó que el organismo investiga a Anthropic, OpenAI y otros laboratorios por posibles daños a los consumidores. Prevé emitir requerimientos de documentos, similares a una citación, y exigir testimonios a los ejecutivos, y apunta también a METR, una organización sin fines de lucro que evalúa modelos de frontera. Según el funcionario, la investigación comenzó semanas antes del acuerdo y se apoya en la ley vigente sobre prácticas desleales o engañosas. The Washington Post la enmarca en el interés de la administración por usar las leyes existentes para encarar los riesgos de la IA, un camino que coincide con el argumento de Trump sobre las facultades que el Estado ya tiene.
El acuerdo se firmó, además, en un contexto internacional que apunta en otra dirección. Una semana antes, 20 países y la Unión Europea habían pedido una coordinación global para que la IA permanezca bajo control humano, con la posible creación de un organismo de supervisión que fije y haga cumplir estándares. Trump respondió ante la Asamblea General de la ONU que su gobierno se opondrá a cualquier intento de armar un "esquema globalista" de control. El pacto del martes ofrece, en cambio, un esquema nacional y voluntario, con las propias empresas como responsables de cumplirlo.
En el Congreso hay dos proyectos de alcance muy distinto. Sanders y el representante demócrata Greg Casar presentaron una ley que prohibiría de forma permanente la superinteligencia, pausaría el desarrollo de IA avanzada hasta que un regulador fije reglas y crearía un departamento de inteligencia artificial con rango ministerial; prevé penas de hasta 20 años de cárcel para individuos. El otro, bipartidario, lo presentaron días antes los senadores demócratas Chris Coons y Brian Schatz y los republicanos Katie Britt y James Lankford. Obligaría a las empresas a informar qué datos recolectan y qué medidas toman para evitar que sus sistemas se descontrolen o que terceros los usen con fines dañinos. Con la Cámara en receso hasta principios de noviembre y los senadores por volver a sus estados a hacer campaña, es improbable que se apruebe una ley integral antes de las elecciones.
Quedan dos fechas a la vista. En los próximos días, Trump prometió designar a un responsable de supervisar el acuerdo, y hacia el 28 de noviembre el asesor científico de la Casa Blanca debe proponer una definición legal de "superinteligencia", en el plazo de 60 días que fijó la orden ejecutiva.
Periodista y crítico de cine
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