La Policía Nacional ejecutó la expulsión de un ciudadano marroquí de 53 años, residente en Mataró (Barcelona), por actividades vinculadas al terrorismo yihadista.
El individuo, quien había sido detenido en 2018 y posteriormente liberado en 2022, fue señalado por adoctrinar y captar combatientes para el Dáesh desde su peluquería.
La investigación, iniciada en 2015 tras una comisión rogatoria de Marruecos, permitió comprobar su participación en una célula salafista yihadista operativa en Cataluña. Según fuentes policiales, el hombre utilizaba su negocio como punto de encuentro para la radicalización de jóvenes, organizando reuniones en domicilios de Mataró, Barcelona y Tarragona con el fin de reclutar combatientes para el grupo terrorista.
Procedimiento de expulsión
En 2019, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras abrió un procedimiento sancionador contra el individuo tras una denuncia de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. A pesar de su puesta en libertad en 2022, las autoridades mantuvieron un estrecho seguimiento sobre él para evitar nuevas acciones de radicalización.
La Audiencia Nacional autorizó su expulsión tras determinar que representaba una amenaza para la seguridad nacional. El individuo fue detenido en un operativo conjunto de la Policía Nacional en Mataró y trasladado a Madrid, desde donde se materializó su deportación a Casablanca (Marruecos) a mediados de febrero. Además, se le ha prohibido la entrada en el espacio Schengen por un periodo de diez años.
Un peligro latente en la lucha contra el terrorismo
Este caso se enmarca dentro de la estrategia de la Policía Nacional para combatir la radicalización yihadista en España mediante las llamadas “expulsiones cualificadas”. Estas medidas buscan apartar del territorio a individuos con vínculos terroristas y un alto grado de radicalización.
Las fuerzas de seguridad destacan la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y subrayan que, a pesar de los avances, la captación de combatientes sigue siendo una amenaza latente. España mantiene un alto nivel de vigilancia para prevenir actividades que puedan comprometer la seguridad del país y de la Unión Europea.
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