Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador
El Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid ha resulto que debe realizarse el 12 de febrero, aunque el presidente del Gobierno no tiene obligación de comparecer personalmente
El Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que acuda el próximo 12 de febrero a un acto de conciliación por una demanda presentada por Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por una presunta vulneración del derecho al honor.
Cabe recordar que el jefe del Ejecutivo no tiene obligación de comparecer personalmente, sino que podrá hacerlo a través de su representación legal, en este caso la Abogacía del Estado, según ha avanzado 'El Mundo' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.
Si Sánchez opta por no conciliar, González Amador podrá seguir adelante con la demanda por una vulneración del derecho al honor o podrá acudir a la vía penal con una querella por injurias y calumnias.
El novio de Ayuso reclama una indemnización de 100.000 euros por las declaraciones en las que Pedro Sánchez se refirió a él como “delincuente confeso”. Los hechos que motivan la demanda se remontan a unas declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno en Bruselas, tras el Consejo Europeo, donde vinculó la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con la acción de “la pareja de un delincuente confeso”.
Pedro Sánchez también afirmó que el novio de Ayuso "ha defraudado a Hacienda" y «se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia”. La juez María del Pilar Anguita Mata es la que ha admitido a trámite el caso que se registró el 21 de octubre
El secretario general del PSOE de Madrid, acreditó ante notario que la mano derecha del actual ministro de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, le filtró el documento con la presunta confesión de Alberto González Amador, según revela el diario ABC
Salvador Viada afirmó ante los periodistas lo que en vio al magistrado registrar un teléfono en dependencias de la Fiscalía General del Estado.
Es a raíz de declaraciones de la vice presidenta primera en el Congreso donde pidió explicaciones a la presidenta madrileña por estar viviendo "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública" y "con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia".
En el ordenador de García Ortiz solo aparecieron dos correos procedentes de la Fiscalía de Madrid en esas horas. Sospechan que puede haberlos borrado cuando la investigación ya estaba en marcha.
