La querella se basa en una intervención de Martínez Arrieta el pasado 18 de noviembre, durante un curso organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid mientras se deliberaba la sentencia contra García Ortiz.
El partido Comuns presentó una querella en el Tribunal Supremo contra Andrés Martínez Arrieta, presidente de la sala que condenó a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
La denuncia, firmada por el eurodiputado y abogado Jaume Asens, acusa al magistrado de “revelación explícita de información reservada” tras una frase que pronunció dos días antes del fallo condenatorio.
La querella se basa en una intervención de Martínez Arrieta el pasado 18 de noviembre, durante un curso organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), justo en pleno periodo de deliberación de la sentencia contra García Ortiz. Según la denuncia, el magistrado pronunció delante de los asistentes: “Acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado”.
Ese comentario, aunque hecho “en tono jocoso” y seguido de risas, es considerado por Comuns como una “revelación explícita de información reservada” sobre el estado interno de las deliberaciones: la existencia de una mayoría formada, el cambio de ponente y la orientación del fallo.
La presentación plantea que se haya vulnerado el secreto de deliberación, un principio contemplado en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por otro lado, afirma que la aparición simultánea de tres magistrados del tribunal —Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo— en un curso organizado por una de las acusaciones comprometa la apariencia de imparcialidad del tribunal y en tercer lugar, que un tribunal no solo debe ser imparcial, sino parecerlo, en consonancia con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La querella podrá ser admitida o no a trámite por la Sala 61 del Supremo, órgano competente para investigar a magistrados.
Para Comuns, esta acción judicial no se limita a un caso puntual, sino que apunta a la “defensa del interés público y del principio de igualdad ante la ley”, advirtiendo que la independencia judicial y la neutralidad de los tribunales son “una cuestión de salud democrática”.
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