Debate en España por la regularización de migrantes: Díaz Ayuso alerta un "efecto llamada" y Sánchez lo niega

La regularización extraordinaria de migrantes propuesta por el Gobierno ha generado un amplio debate político en España y críticas desde la Unión Europea. Mientras desde la Comunidad de Madrid se advierte de un posible “efecto llamada”, el presidente Pedro Sánchez niega que esta consecuencia exista y defiende la legalidad y necesidad de la medida.

Madrid alerta del “efecto llamada” y habla de intento de alterar censos

El consejero de Presidencia de Madrid, Miguel Ángel García Martín, calificó la iniciativa como “un despropósito” y aseguró que provocará un efecto llamada. En conferencia de prensa, cuestionó la falta de datos sobre cuántas personas serán regularizadas.

García Martín sostuvo que la medida entra en contradicción con el pacto europeo de inmigración y asilo. Además, advirtió que por reagrupación familiar podrían nacionalizarse muchas más personas en el futuro.

El consejero acusó al presidente Pedro Sánchez de lanzar un “globo sonda” para alterar los censos electorales. Indicó que la regularización tendría impacto político directo en futuros procesos electorales en el país.

Sánchez niega el efecto llamada y defiende la aportación de los migrantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó que la regularización genere un efecto llamada y defendió que España ha reducido la migración irregular. Argumentó que los flujos migratorios responden al crecimiento económico, no a la concesión de papeles.

Sánchez explicó que el 90 % de los migrantes llegan por vías regulares, gracias a acuerdos con países como Marruecos o Senegal. Añadió que la inmigración tiene un impacto económico positivo en el sistema de Seguridad Social.

El mandatario remarcó que España es un país con una larga historia migratoria. Consideró que hay razones tanto morales como pragmáticas para facilitar la integración de quienes ya residen en el país.

El grupo de Meloni pide a la UE evaluar el impacto en Schengen

El grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) pidió a la Comisión Europea una evaluación formal del impacto de la regularización en el espacio Schengen. A través de una carta, alertaron de un posible efecto llamada en toda la Unión.

Los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco señalaron que la medida socava el control migratorio común. También cuestionaron si se ajusta al Derecho de la UE y si respeta los objetivos de retorno y visados.

Desde el grupo liderado por Giorgia Meloni insistieron en que decisiones de esta magnitud no pueden tratarse como asuntos internos. Reclamaron medidas de coordinación para evitar desequilibrios migratorios dentro del bloque.

Bruselas reconoce la legalidad de la medida como competencia nacional

El comisario de Interior, Magnus Brunner, afirmó que cada Estado miembro tiene competencia para decidir cómo gestionar su migración legal. Consideró que la regularización es una opción legal válida para responder a necesidades laborales.

Brunner destacó que España está actuando dentro de sus competencias. Enfatizó que la Comisión no intervendrá mientras se respeten las normas comunes del espacio europeo.

La Comisión Europea evitó entrar en valoraciones políticas sobre la medida. Confirmó que el enfoque adoptado por el Gobierno español está dentro del marco legal comunitario.