Félix Bolaños y Pilar Alegría tras la reunión del Consejo de Ministros
El Gobierno amenaza con ir a la justicia si no se investiga la filtración de los whatsapp de Pedro Sánchez
Félix Bolaños sostuvo que quieren saber "quién ha sido", "por qué" y "qué otros mensajes privados" pueden surgir, tras publicarse los chats entre Sánchez y su exministro Ábalos, investigado por corrupción
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó que el Ejecutivo iniciará acciones legales sobre la filtración de los mensajes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro José Luis Ábalos si antes no se abre una investigación al respecto.
"Queremos llegar hasta el final. Queremos conocer todo de la filtración: quién ha sido, por qué ha sido y qué otros mensajes privados, que nada tienen que ver con una causa judicial, están en poder de personas capaces de cometer delitos", dijo este martes Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El ministro se refería así a la polémica surgida por la difusión en medios de mensajes telefónicos privados que el presidente del Gobierno intercambió entre 2020 y 2021 con el exministro José Luis Ábalos, ahora investigado en un caso de corrupción.
Nosotros a lo que importa.
Buscan desviarnos de lo importante con su oposición de casquería y se estrellan contra los datos de una buena gestión. pic.twitter.com/Li76Sxyd3p
Tanto Bolaños como la ministra portavoz, Pilar Alegría, hicieron hincapié en la "gravedad" de una filtración que vulnera la privacidad y el derecho a la intimidad del presidente del Gobierno y aseguraron que no prejuzgan quién puede estar detrás de esa filtración.
Los mensajes publicados que son previos a la causa judicial que investiga a Ábalos son "absolutamente intrascendentes" y están "absolutamente descontextualizados", coincidieron.
En un de ellos, Sánchez llama "pájara" a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Al respecto, Alegría afirmó que esas revelaciones no afectaron la reunión de los ministro, y dijo que fue "absolutamente ordinaria, con el buen clima que suele ser habitual".
Pedro Sánchez y José Luis Ábalos
En el Gobierno descartan una investigación de oficio
Fuentes del Ejecutivo insistieron en la determinación del Gobierno de actuar judicialmente si no hay una investigación de oficio, que consideran que debería hacerse en una pieza separada.
Esa investigación la dan prácticamente por hecho sin necesidad de denuncia previa al señalar que es como actúa siempre el estado de derecho en estos casos.
Las fuentes citadas por EFE aseguran que, aunque la revelación de una conversación privada es muy grave, el presidente del Gobierno está muy tranquilo, porque afirma que no hay nada en los mensajes con Ábalos que pueda implicarle en algo delictivo.
Pero sí reconocen que a Sánchez le preocupa que se hagan públicas sus conversaciones privadas, como explican que puso de manifiesto en un mensaje que envió el pasado domingo a los miembros de la cúpula del Partido Socialista tras conocer las primeras informaciones al respecto.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.