José Manuel Albares y Pilar Alegría en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros
El Gobierno apunta al juez Hurtado por procesar al fiscal general: "Hay jueces que están haciendo cosas difíciles de entender"
La ministra portavoz del Gobierno negó de manera enfática que el gobierno diera instrucciones a García Ortiz para filtrar el correo en el que el novio de Díaz Ayuso admitía un delito fiscal, como sospecha la justicia.
La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, realizó este martes un férrea defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien quedó a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Supremo, tras el procesamiento por el supuesto delito de revelación de secretos.
"Hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender", dijo Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Alegría utilizó esa definición para apuntar contra el juez Ángel Hurtado, quién procesó el lunes a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos en el marco de la causa por filtraciones de correos electrónicos entre la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Ayuso, y la Fiscalía.
La Justicia sospecha que esa filtración fue por decisión del propio gobierno de Pedro Sánchez, lo que mereció el rechazo de altos representantes del Ejecutivo.
Al respecto, Alegría negó “rotunda y categóricamente” que el Gobierno diera instrucciones al fiscal general para que filtrara el correo en el que el novio de Díaz Ayuso negociaba admitir la comisión de un delito fiscal a través de su abogado.
Álvaro García Ortíz
El Gobierno toma distancia de una acusación de prevaricación
Alegría no acusó al magistrado de manera directa de dictar una resolución injusta, lo que implicaría prevaricación, pero levantó dudas en torno a su resolución.
En ese sentido, aseguró que su expresión sobre las decisiones “difíciles de entender” es “prudente pero suficientemente explícita”, sin ir más allá cuando se le preguntó si estaba acusando al juez de prevaricación.
Alegría no quiso pronunciarse sobre las palabras del ministro Óscar Puente quien sostuvo que hay jueces que actúan por motivación política y haciendo oposición al Gobierno.
“No hay ninguna prueba directa de que el fiscal general filtrara nada y, al contrario, hay un número importante de declaraciones de periodistas de diferentes medios que declararon bajo juramento que tenían la información muchas horas antes y no fue el fiscal general quien les filtró y esas declaraciones se han tirado a la basura y no se han tenido en cuenta”, explicó Alegría en defensa de García Ortiz.
Por otro lado, Alegría insistió en que el auto del juez Hurtado no es firme todavía y en que el Gobierno “tiene máxima confianza en la inmensa mayoría de los jueces”. Y también hacia el fiscal general que, según sostuvo, “persiguen los delitos”.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz
Respaldo de Yolanda Díaz: "Perplejidad" por el procesamiento a Ortiz
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, dijo este martes que tiene una "confianza absoluta, completa y radical con la actuación del fiscal general del Estado", en declaraciones a la prensa tras salir del hemiciclo del Senado, donde subrayó que la Fiscalía General es "una institución que merece respeto".
"Me dedico a la abogacía en mi vida privada; no he visto un auto semejante", dijo Díaz a la prensa, y añadió: "Muestro mi perplejidad por lo que estamos asistiendo".
La defensa de Alberto García Amador se apoya en el informe de la UCO sobre el móvil de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, para quien también pide su procesamiento.
Lo hizo el juez Ángel Hurtado, ocho meses después de que el TS asumiera la investigación del caso. Está acusado de revelar datos por orden del Gobierno. La medida también alcanza a Pilar Rodríguez jefa de la Fiscalía de Madrid.
El lider del PP advierte que "es el momento de que se vaya él y quien le daba las indicaciones" en alusión al presidente Pedro Sánchez. En cambio, el ministro Ángel Víctor Torres rechazó las acusaciones de que las órdenes para la filtración provinieran de la Presidencia del Gobierno.
Las penalidades se vinculan con el delito de revelación de secretos por el que lo procesó el Supremo, que considera que lo hizo por orden del Gobierno contra la obligación de tratar los datos personales "con criterios de reserva y confidencialidad"
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.