El ministro Oscar López en la sesion plenaria del Congreso. EUROPA PRESS.
El Gobierno consigue en el Congreso la suba salarial a empleados públicos con el apoyo del PP
El aumento será del 2,5% este año pero con carácter retroactivo desde el 1 de enero; del 1,5% para 2026, del 4,5% en 2027 y del 2% de cara a 2028. El acumulado en todo ese período superará el 11%. Negativa de Vox y abstención de Junts.
El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el real decreto que recoge la subida salarial para los 3,5 millones de empleados públicos prevista para 2025 y 2026.
La medida, impulsada por el Gobierno y respaldada por sus socios de investidura —con la excepción de Junts, que se ha abstenido—, ha contado también con el apoyo del PP y el voto en contra de Vox. El texto ha salido adelante con 309 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones, y continuará su tramitación como proyecto de ley.
Durante su intervención en el pleno, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, pidió a los grupos parlamentarios que apoyaran la iniciativa para trasladar “un mensaje de estabilidad y certidumbre”.
El decreto deriva del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, que prevé un incremento salarial acumulado de al menos un 11% hasta 2028, que asciende al 11,4% teniendo en cuenta el efecto arrastre de las subidas.
España roza los tres millones de empleados públicos en julio de 2023.
Cómo aumentan los salarios hasta 2028
Para 2025, la norma establece una subida del 2,5%, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero e incluirá todos los atrasos en un único pago. Para 2026, el aumento será del 1,5%, con la posibilidad de sumar un 0,5% adicional si el IPC de ese año alcanza o supera el 1,5%.
El acuerdo contempla además un alza del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028, incrementos que deberán aprobarse en su momento mediante los Presupuestos Generales del Estado o a través de nuevos decretos.
Aunque el PP confirmó finalmente su apoyo, criticó la forma en que el Gobierno ha gestionado el proceso. Su portavoz, Ángel Ibáñez, lamentó que la medida llegue “tarde, mal y sin diálogo con las administraciones territoriales”, y que comprometa a futuros ejecutivos al extenderse hasta 2028.
En una línea similar, BNG y EH Bildu reprocharon al Ejecutivo haber excluido de la negociación a los sindicatos territoriales como ELA, LAB o Ciga. Junts optó por no intervenir en el debate.
López detalló que la subida del 2,5% correspondiente a este año se abonará mediante una nómina adicional este mismo mes, lo que afectará a 540.000 empleados públicos dependientes de la Administración General del Estado. El resto de administraciones deberán determinar sus propios calendarios de pago.
La propuesta contempla un aumento anual de 2,5% hasta 2028 pero los gremios consideran que no se recuperará el poder adquisitivo perdido por la inflación. Las negociaciones se retoman el jueves.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.