El Gobierno deja en manos de la Casa Real el rol de Juan Carlos en los actos por los 50 años de la muerte de Franco

El ministro de Política Territorial sostuvo que el Gobierno "está en contacto permanente" con Zarzuela por ese tema pero se negó a difundir el presupuesto total de los actos programados

El Gobierno no descarta que Juan Carlos I se sume a alguno de los actos que se van a organizar en 2025 para conmemorar los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco si así se acuerda con la Casa del Rey.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dejó abierta la puerta a esta posibilidad durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se designó a la historiadora Carmina Gustrán Loscos comisionada para la organización de esta efeméride.

Tras varias preguntas específicas sobre la posible participación de Juan Carlos I en alguno de estos actos, el ministro se limitó a señalar que "el Gabinete de Presidencia del Gobierno está en contacto permanente con la Casa Real" y que lo que se haga será de acuerdo con Zarzuela.

"Lo que hagamos, lo acordaremos", dijo sin ofrecer más detalles y dando a entender que la decisión sobre la participación del padre de Felipe VI dependerá de lo que plantee el actual jefe del Estado.

El ministro afirmó que "el papel de la Casa Real fue fundamental" en los "primeros años" de la Transición. "Por suerte no quedó todo atado y bien atado y se apostó claramente por una monarquía constitucional", señaló, aunque sin citar en ningún momento a Juan Carlos I, quien trasladó su residencia Abu Dabi en verano de 2020.

En este contexto, agradeció la respuesta de la Casa del Rey al Gobierno garantizando que, aunque por problemas de agenda, Felipe VI no podrá estar este miércoles en la presentación del programa preparado por el Ejecutivo que tendrá lugar el Museo Reina Sofía, sí se sumará a eventos futuros como la visita a campos de concentración donde fueron recluidos ciudadanos españoles.

El Gobierno no difunde el costo de los actos

Torres, que no difundió el costo total de los actos programados por el Gobierno, defendió la decisión de fijar el inicio de la "celebración de la democracia y la libertad" en la fecha en la que se cumplen cinco décadas de aquel 20 de noviembre de 1975 en el que falleció quien gobernó España "durante 40 años a golpe de látigo" y después de un "alzamiento militar ilegítimo".

Además, explicó que otros países como Portugal o Grecia hicieron coincidir el arranque de sus homenajes por la recuperación de la democracia con el aniversario de la "caída de sus sistemas opresores".

Y reivindicó el uso del verbo "celebrar" para conmemorar el regreso de la democracia a España. "No queremos que sea un acto de revancha, ni estamos celebrando el fallecimiento de nadie, sino de la vida de la libertad frente a la muerte", añadió Torres, llamado a todos los demócratas a sumarse a "defender 50 años libertad frente a 40 de totalitarismo y oscuridad".

Pedidos a Núñez Feijóo y Díaz Ayuso

En este sentido, aprovechó para volver a pedir al PP que "rectifique y se sume a la defensa de la democracia", convencido de que muchos votantes del partido que lidera Alberto Nuñez Feijóo así lo querrían.

En ese sentido, recordó que en la II República había partidos "de todos los colores", tanto conservadores como progresistas.

"¿Quién que defiende la democracia está en contra de que conmemoremos 50 años de libertad? ¿Qué riesgo hay en decir que el franquismo fue una etapa totalitaria de ausencia de libertades? ¿Quién que es demócrata puede defender una dictadura de cuatro décadas?", se preguntó Torres, apuntando directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A su juicio, la ciudadanía quiere saber si cada uno, desde su respectiva posición ideológica, está por "consolidar, defender e incluso mejorar, preservándola, la democracia" o por "involucionar hacia los años oscuros en los que no había libertades".

Una comisionada vinculada al PP

Por otro lado, el ministró detalló las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros en relación con estos actos, como la aprobación de dos reales decretos, uno para la creación del Comisionado que se encargará de su organización y otro para el nombramiento al frente del mismo de Carmina Gustrán Loscos, además de un acuerdo por el que se crea la Comisión Interministerial integrada por los subsecretarios de los ministerios que coordinarán la programación.

El responsable de Memoria Democrática destacó que Gustrán, quién mañana participará junto con el presidente Pedro Sánchez, en la presentación de los eventos, trabajó como gestora cultural en administraciones gobernadas por el PP, como el Ayuntamiento de Madrid, o el Ministerio de Cultura en el Gobierno de Mariano Rajoy.

En concreto, Gustrán, que es investigadora postdoctoral en Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, trabajó como gestora cultural en la Secretaría y la Subdirección General Promoción Exterior de la Cultura Ministerio de Cultura entre 2012 y 2014, y también en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, dependiente del consistorio capitalino. Asimismo, ha estado vinculada a las universidades de Leeds y Newcastle (Reino Unido).

El nuevo comisionado estará asistido por un Comité Científico de asesoramiento, que se creará por orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y que tendrá, según Torres, un carácter "plural".

También recibirá asesoramiento de la Comisión Interministerial creada este martes, que preside el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, vicepreside Gustrán, y de la que también forman parte, además de los subsecretarios de los ministerios implicados, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero y el presidente de Acción Cultural Española, José Andrés Torres Mora.

Malvinas: el Gobierno evalúa sumar la pesca al régimen de sanciones

Reunión de la mesa política del Gobierno por la cuestión Malvinas, con la participación de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores
Presidencia
  • Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
  • Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
  • Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
  • El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
  • Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.