Buscan aliminar la prostitucion del registro de actividades económicas.

El gobierno español buscar eliminar a la prostitución de la clasificación de actividades económicas

Según el ministerio de Igualdad esta calificación no atiende a las diferencias legales y sociales entre los estados miembros.

Redacción

El Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad, encabezado por Ana Redondo, trabaja con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para que la prostitución no aparezca en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2025). Esta guía, que sirve como referencia estadística, se traduce de la publicada por Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea. Sin embargo, según el ministerio, esa traducción “no atiende a las diferencias legales y sociales entre los estados miembros”.

La CNAE es una clasificación estadística que organiza y describe la actividad económica de las empresas. Su objetivo es facilitar el análisis de datos y la comparación internacional. En la versión actual, dentro de la categoría “Otros servicios personales”, se incluye como ejemplo “la prestación o concertación de servicios sexuales”, algo que Igualdad considera inadecuado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado que esta mención no figura en el Real Decreto 10/2025, por lo que “no tiene eficacia jurídica”.

Según explicó, la referencia a los servicios sexuales “es un automatismo que proviene de la práctica europea y estamos trabajando en su exclusión”.

En línea con la abolición

Redondo insistió en la “coherencia” del Gobierno, que avanza en un anteproyecto de ley para la abolición de la prostitución. Además, ha anunciado que enviará una carta a la comisaria europea de Igualdad para que la clasificación de actividades económicas se adapte “al ordenamiento jurídico propio de cada país”.

Malvinas: el Gobierno evalúa sumar la pesca al régimen de sanciones
Reunión de la mesa política del Gobierno por la cuestión Malvinas, con la participación de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores
Presidencia
  • Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
  • Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
  • Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
  • El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
  • Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.