El Gobierno oficializa la convocatoria para cubrir 1.035 plazas en la Administración del Estado
Uno de los procesos se refiere a la convocatoria de 290 plazas de acceso libre y 100 por promoción interna en el Cuerpo Superior de sistemas y tecnologías de la Información
La Secretaría de Estado de Función Pública ha firmado tres resoluciones por las que se convocan los procesos selectivos para cubrir un total de 1.035 plazas en la Administración del Estado y atender así las necesidades de personal.
Según informa el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en un comunicado, uno de los procesos se refiere a la convocatoria de 290 plazas de acceso libre y 100 por promoción interna en el Cuerpo Superior de sistemas y tecnologías de la Información.
Cupo para personas con discapacidad
Del total de las plazas convocadas por el sistema de acceso libre, se reservarán 23 para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, mientras que del total de plazas de promoción interna se reservarán ocho para ser cubiertas por personas con discapacidad.
Otro de los procesos se realizará para cubrir 146 plazas de acceso libre y 45 por promoción interna en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con un cupo de discapacidad de catorce y tres, respectivamente.
Por último, se convocan 454 plazas por promoción interna en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, de las que 32 serán para personas con discapacidad.
La movilización busca presionar a los miembros del Consejo Europeo reunidos para debatir el pacto cuya firma está prevista para el sábado en Brasil. Francia se opone e Italia busca postergarlo. Se necesita una mayoría cualificada para aprobarlo.
El presidente francés, Emmanuel Macron, insistió en que el acuerdo comercial "no se puede firmar" sin las salvaguardas que solicita su país y que buscará que se postergue la firma.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.