El Gobierno vuelve a aplazar la votación de la reforma fiscal por falta de apoyos de sus socios
Desconvocaron a la Comisión de Hacienda que debía elaborar el dictamen minutos antes de su inicio. Se fijó otro encuentro para el lunes por la tarde
El Gobierno de Pedro Sánchez tuvo que volver a retrasar la reforma fiscal por falta de apoyos de sus socios parlamentarios, tras intentar en vano negociar posiciones con su socio Sumar y otros partidos de izquierda.
La Comisión de Hacienda que debía elaborar el dictamen para elevarlo al pleno del Congreso fue desconvocada minutos antes de su inicio y se fijó otro encuentro para el lunes por la tarde.
Se trata de una votación clave, y el Gobierno buscó evitar que cayera por la negativa de la oposición y de sus socios de izquierda.
En medio de las fricciones, no se descarta que el proyecto se reduzca a fijar el 15% del impuesto de Sociedades a las multinacionales.
Cuál es el paquete fiscal
Entre otras medidas, el paquete mantiene el impuesto a la banca, sube el IRPF a las rentas de más de 300.000 euros y propone un IVA del 21% para los alquileres turísticos, un impuesto para aviones y yates privados y coches de lujo; pero deja fuera el impuesto a las energéticas que vence a final de año.
Aunque las negociaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios se intensificaron este jueves, el acuerdo no avanzó por la negativa de algunas formaciones, como ERC o Bildu, de apoyar el paquete fiscal si se incluye el impuesto a las energéticas, una opción que supondría perder el voto de Juntos.
El retraso deja en el aire no solo las medidas tributarias, sino la transposición de la directiva que fija un tipo mínimo para las multinacionales, que cuenta con cierto consenso parlamentario y que incluso el PP se mostró dispuesto a apoyar.
La aprobación de esta ley se complicó cuando el PSOE decidió introducir como enmiendas una serie de medidas tributarias pactadas con el PNV y Juntos, que implicaban mantener el impuesto temporal a la banca pero dejar caer el energético.
Los socios de izquierdas del Gobierno rechazaron apoyar un paquete fiscal que no incluyera el impuesto energético y, tras días de negociaciones, solo Sumar garantizó su voto favorable tras alcanzar su propio acuerdo (con medidas como gravar los seguros de salud privado o un impuesto al lujo).
Estos vetos cruzados ponen en peligro no solo el paquete fiscal, sino la propia transposición de la directiva, que ya está fuera de plazo y que todavía tienen que pasar por el Pleno, el Senado y -probablemente- volver al Congreso antes de que acabe el año para entrar en vigor a tiempo.
El PP ofrece respaldo al impuesto del 15% a las multinacionales
Ante este contexto, el PP ofreció apoyar este jueves en el Congreso el proyecto de ley que transpone a la legislación español un nuevo impuesto del 15% para empresas multinacionales, siempre que no se añadan nuevos tributos como los que han estado negociando el PSOE y sus socios.
Fuentes del PP aseguraron que está "en contra de cualquier suba impositiva, y solo apoyará las que vengan impuestas por el marco comunitario", según RTVE.
Asimismo, se abren a apoyar enmiendas que supongan la eliminación del fraude a hidrocarburos.
Las nuevas reglas fiscales acordadas por los países de la UE buscan una reducción realista de los niveles de deuda y déficit públicos disparados por la pandemia.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha invitado a las comunidades autónomas a "inspirarse" en ese pacto para "poder explorar otras rutas y caminos" en el sistema de financiación autonómica.
Hacienda aprovecha la ampliación de plazos del proyecto de ley del tipo mínimo global en Sociedades para incluir como enmiendas la perpetuidad de los impuestos a banca y energéticas y otras medidas prometidas a la UE.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.