El ministro para Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. EUROPA PRESS
El Gobierno vuelve a mejorar el concierto de Muface para atraer a las aseguradoras: Sube 41,2% la prima
La oferta mantiene los tres años de vigencia del concierto. Asisa lo calificó como "un esfuerzo importante" y DKV esperará ver los nuevos pliegos. Adeslas, que rechazó participar en la licitación, evalúa reincorporarse
El Consejo de Ministros aprobó este martes una modificación en la licitación actual de Muface, con el objetivo de asegurar la continuidad de las aseguradoras en la prestación de servicios sanitarios para los funcionarios.
Entre las novedades, se destaca un incremento del 41,2% en la prima media ponderadadurante los tres años de vigencia del convenio, así como una financiación total que asciende a4.808,5 millones de euros, lo que supone 330,5 millones más que la última oferta.
Un esfuerzo para retener a las aseguradoras
El movimiento del Gobierno llega después de que la licitación inicial quedara desierta hace unos meses. Para garantizar la participación de las aseguradoras, el Ejecutivo intensificó negociaciones con SegurCaixa Adeslas y Asisa, obteniendo una postura más receptiva por parte de ambas compañías.
En un comunicado, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública confirmó que las condiciones del contrato se revisaron "para garantizar el equilibrio económico" y se decidió dotarlo de una financiación adicional.
Asisa valora positivamente las nuevas condiciones
Asisa, que ha participado activamente en el diálogo con el Gobierno, calificó la mejora como un "esfuerzo importante" para garantizar la viabilidad de Muface.
En su comunicado, la aseguradora expresó confianza en que las nuevas condiciones permitan mantener su compromiso con la mutualidad.
Por otro lado, SegurCaixa Adeslas, tras mostrar inicialmente su rechazo a participar en la licitación, está evaluando la posibilidad de reincorporarse si las modificaciones resultan convincentes.
DKV espera los nuevos pliegos
En contraste, DKV ha mostrado más cautela respecto a las condiciones del nuevo contrato, señalando que los tramos de edad y la duración de tres años del concierto siguen siendo puntos conflictivos.
Según fuentes de DKV, una licitación de un año sería más adecuada para evitar impactos significativos en sus cuentas en caso de pérdidas.
A pesar de las reservas, la aseguradora esperará a conocer los nuevos pliegos para decidir si cambia su postura respecto a la licitación.
Cambios clave en la nueva licitación
Entre las modificaciones anunciadas, se mantienen ciertas condiciones previamente establecidas, como la duración del contrato de tres años para garantizar la estabilidad en la atención sanitaria; y la estructura incremental de primas por edad, una medida que fue criticada por DKV por no ofrecer suficiente subida para los colectivos más jóvenes.
El Gobierno busca con estas medidas asegurar un marco de estabilidad y sostenibilidad para el modelo sanitario de Muface, que atiende a más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias.
El próximo paso será la publicación de los nuevos pliegos, que determinarán si las aseguradoras finalmente aceptan formar parte del convenio, garantizando así la continuidad del modelo.
La empresa aseguradora indicó que el gasto de prestaciones médicas en el último concierto fue sustancialmente superior a la prima que recibió. Asisa queda como única candidata
El plazo que vencía el 15 de enero se extendió hasta el 27 a las 10 horas. Solo Asisa sigue estudiando las condiciones ofrecidas por el Gobierno tras la deserción de Adeslas y DKV
La Central Sindical presiona para que se avance a la firma de un próximo concierto y denuncia que siguen las anulaciones y retrasos en citas médicas. La situación afecta a más de medio millón de funcionarios
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.