La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.
La portavoz del PP no descartó que su partido lleve una iniciativa en el Congreso para reprobar a García Ortiz si sigue en su puesto. El Supremo confirmó su procesamiento por revelar secretos fiscales del novio de Díaz Ayuso.
El Partido Popular (PP) ha redoblado su presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, exigiendo el cese del Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La portavoz del PP, Ester Muñoz, señaló que el fiscal no está cumpliendo con sus funciones y, si decide mantenerse en el cargo, "el Gobierno debe cesarle".
Muñoz subrayó que García Ortiz, quien en 2017 pedía la dimisión de fiscales generales no investigados, se encuentra ahora a las puertas de un juicio por la supuesta revelación de secretos en el caso relacionado con el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Un fiscal que tiene que perseguir delitos y está siendo investigado por presuntamente cometerlos no está cumpliendo bien sus funciones", argumentó Muñoz, destacando que si el fiscal no dimite, es el Gobierno quien debe actuar.
La dirigente del PP acusó al Ejecutivo de Sánchez de proteger a García Ortiz, considerando que el fiscal se ha convertido en "un pilar más" en la defensa del presidente frente a los casos de corrupción que le rodean. Según Muñoz, el Gobierno está "pidiendo que se quede" en el cargo porque es una pieza clave en su estrategia de defensa. "Cuando le condenen, el relato del Gobierno será que hay lawfare y que nos persiguen porque somos de izquierdas", anticipó.
La portavoz del PP no descartó que su partido presente una iniciativa en el Congreso para reprobar a García Ortiz si continúa en su puesto, aunque admitió que no esperan mucho de los socios del Gobierno, a quienes calificó de "colaboracionistas de su corrupción". Además, Muñoz recordó que el fiscal general solo puede ser cesado por causas específicas, según la regulación del Ministerio Fiscal, y que este proceso debe ser aprobado por el Consejo de Ministros.
El PP insiste en que el fiscal general debe abandonar su cargo, dado el contexto de las investigaciones que enfrenta, pero asegura que el Gobierno no tomará medidas por su interés en mantenerle como aliado en medio de los escándalos de corrupción que salpican a la administración de Sánchez.
La frase, cargada de pesimismo, resume la fragilidad política de Sánchez acorralado por casos de corrupción en su partido y por la pérdida de control tanto dentro de su propio partido como en el ámbito parlamentario.
La Sala de Apelación avala la decisión del instructor del caso de procesarlo por un delito de revelación de secretos, delito que prevé hasta seis años de cárcel.
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