El eurodiputado Alvise Pérez.
El líder de Se Acabó la Fiesta fue denunciado por los eurodiputados Nora Junco y Diego Solier que encabezaron junto a Alvise la lista de ese partido en las pasadas elecciones europeas. Ofensas en redes sociales y revelación de datos sobre sus colegas.
El Tribunal Supremo abrió una nueva causa penal contra el eurodiputado Alvise Pérez, líder de la plataforma Se Acabó la Fiesta(SALF), por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a dos de sus excompañeros de partido.
La investigación, que estará a cargo del magistrado Manuel Marchena, se suma a los diversos procesos judiciales que ya enfrenta el activista ultraconservador.
La denuncia fue presentada en junio por los también eurodiputados Nora Junco y Diego Solier, quienes abandonaron SALF tras acusar públicamente a Pérez de haberlos señalado como "comprados por un 'lobby'" y de haber lanzado una campaña de hostigamiento en su contra.
Según relatan en la querella, avalada por la Fiscalía, el dirigente difundió mensajes ofensivos en redes sociales, podcasts y canales de Telegram, además de revelar detalles sobre sus movimientos y ubicaciones, lo que —según los denunciantes— les generó temor por su seguridad personal.
El Supremo consideró que existen indicios suficientes para admitir el caso a trámite, lo que abre una nueva fase de instrucción en la que el juez Marchena deberá citar testigos, recabar pruebas y decidir si el caso debe ir a juicio.
Esta nueva causa penal se añade a otras investigaciones ya abiertas contra Pérez por presuntos delitos de blanqueo de capitales y financiación ilegal, lo que intensifica la presión judicial sobre su figura política y pone en entredicho la cohesión interna de su formación.
Actualmente, Pérez forma parte del grupo de No Inscritos en el Parlamento Europeo, tras la ruptura con sus antiguos compañeros.
La causa también podría tener repercusiones en la opinión pública, en un contexto en el que el activista intenta consolidarse como referente de la derecha alternativa española, en competencia con formaciones como Vox o Alianza Catalana.
El proceso reabre, además, el debate sobre los límites del activismo político en redes sociales, un espacio que Pérez ha utilizado como principal plataforma para su discurso y estrategia política.
El juez Julián Sánchez Melgar está pendiente de que se tramite ante el Parlamento Europeo un pedido para poder investigar al líder de Se Acabó la Fiesta.
La solicitud del fiscal al Tribunal Supremo busca poder imputar al eurodiputado por supuestamente haber recibido cien mil euros de un empresario para su campaña a las elecciones europeas con el partido Se Acabó la Fiesta.