La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
En un auto dictado por la Sala de lo Penal los magistrados desestiman los argumentos de la Asociación Liberum y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que acusaban a Montero de presuntos delitos de custodia de documentos
El Tribunal Supremo (TS) ha acordado inadmitir a trámite dos querellas presentadas contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al considerar que no reveló "ningún dato personal y reservado" de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en unas manifestaciones públicas realizadas el pasado 12 de marzo.
En un auto dictado por la Sala de lo Penal, los magistrados desestiman los argumentos de la Asociación Liberum y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que acusaban a Montero de presuntos delitos de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos.
En concreto, la asociación y la fundación reprochaban la siguiente declaración de Montero: "Yo diría, en primer lugar, que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si, efectivamente, como se ha publicado en medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país".
A su juicio, dichas manifestaciones implicaban que la ministra de Hacienda había accedió sin autorización y se había apoderado de datos personales y reservados referidos a la pareja de Díaz Ayuso que se encontraban en ficheros o registros públicos, o que alguien que había accedido sin autorización se los había facilitado.
Los querellantes consideraban también que Montero había utilizado dichos datos de forma pública con fines políticos y con conocimiento de su origen ilícito; y que el acceso a los datos personales se produjo prevaliéndose de su cargo de ministra de Hacienda.
El Supremo, sin embargo, entiende que los hechos recogidos en las querellas en los términos pretendidos por las querellantes no revisten los caracteres de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, y de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.
La Sala Penal investigará si hay delito en una nota informativa de la Fiscalía que desmentía información falsa sobre la denuncia contra el empresario González Amador.