En un intento de bajarle el tono al escándalo político, dos ministros de Sánchez revelan la doble estrategia del PSOE: condenar sin matices a Ábalos y Koldo en el plano político, mientras se evita otorgar al caso una dimensión institucional o diplomática.
El ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García ha abierto una nueva grieta política en el Ejecutivo y ha desatado una ofensiva del Partido Popular.
Mientras en el Gobierno se suceden las declaraciones para tratar de contener el impacto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado para este domingo una manifestación en Madrid “contra los corruptos” del entorno del presidente Pedro Sánchez.
La primera reacción interna llegó desde la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. En una intervención en RNE, la también secretaria general del PSPV calificó a Ábalos y Koldo de “sinvergüenzas” y recordó que el PSOE había actuado con “absoluta contundencia” cuando estalló la investigación por el cobro de comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia.
Morant reconoció que ver al exministro ingresar en prisión “afecta” y que es una imagen “que no nos hubiese gustado ver”. No obstante, sostuvo que la actuación judicial merece “respeto” y subrayó que ninguno de los implicados “representa al Partido Socialista”.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trató este viernes de rebajar la tensión en el plano diplomático. En Barcelona, donde ejerce de anfitrión del X Foro de la Unión por el Mediterráneo, aseguró que ningún representante de los 43 países presentes le había preguntado por la situación de Ábalos.
“España ha recibido felicitaciones por acoger un foro tan importante”, insistió Albares, restando así cualquier relevancia internacional al caso que ha llevado al exministro y a su antiguo colaborador a prisión provisional sin fianza.
El PP vio en la decisión judicial un nuevo punto de inflexión. Desde la sede de Génova, Feijóo anunció una concentración para este domingo al mediodía en el Templo de Debod, en Madrid, y llamó a los ciudadanos a movilizarse “de forma cívica” contra lo que describió como una “situación insostenible”.
El líder popular rechazó que el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo sea “un hecho aislado” y atribuyó al presidente Sánchez la responsabilidad política del deterioro. “No es un hombre rodeado de manzanas podridas: la manzana podrida es él”, afirmó.
Feijóo enumeró una serie de casos judiciales que, a su juicio, comprometen al entorno del presidente —incluidos procedimientos que afectan a dirigentes socialistas, antiguos colaboradores y familiares— y advirtió que “acostumbrarse a vivir en la anomalía es exactamente lo que quiere Moncloa”.
Aunque desde el Ejecutivo se intenta restar impacto al desarrollo judicial, las declaraciones de Morant y Albares reflejan una doble estrategia: condenar sin matices a Ábalos y Koldo en el plano político, mientras se evita otorgar al caso una dimensión institucional o diplomática.
La oposición, en cambio, ve en estos acontecimientos un eje central para presionar al Gobierno en un final de año ya marcado por tensiones económicas y debates sobre seguridad y migración.
Feijóo asegura que la del domingo “no será la última convocatoria”, lo que anticipa un clima político aún más polarizado en torno a la figura del presidente Sánchez y a la capacidad del Gobierno para desmarcarse del escándalo que envuelve a uno de sus exdirigentes más relevantes.
El ex ministro de Transportes confirmó la existencia de dos encuentros en 2018 con el objetivo de cerrar el apoyo de Bildu a la operación que terminaría llevando a Sánchez a La Moncloa. Este jueves declara ante la Justicia.
Leopoldo Puente también ordenó la prisión provisional sin fianza de su exasesor Koldo García, en ambos casos a la espera del juicio por el pago de presuntas coimas a cambio de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia. Por primera vez un diputado en ejercicio entra en la cárcel.
Su envío a prisión provisional hasta la realización del juicio abre un nuevo escenario político en el Congreso. Aunque no perderá su acta de diputado, su encarcelamiento tiene consecuencias parlamentarias. Junts gana capacidad de presión.
Según el exministro, la Guardia Civil habría identificado en su informe que el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo, recurrió directamente a la esposa de Pedro Sánchez para gestionar el rescate de la aerolínea,
