El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson.
Ulf Kristersson alerta sobre una crisis como la de 2015 por la medida para 1,2 millones de personas y exige reforzar el control fronterizo europeo.
Las políticas migratorias del Gobierno de España continúan sumando detractores de peso dentro de la Unión Europea.
En las últimas horas, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha calificado de "muy mala idea" poner en marcha medidas que puedan poner en peligro la estabilidad del continente, en alusión directa a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para regularizar la situación administrativa de 1,2 millones de personas.
Kristersson ha advertido de que la postura del Gobierno español afecta de manera directa a los países nórdicos. Según ha explicado el dirigente en una entrevista para el periódico Financial Times publicada este martes, la experiencia demuestra "que muchas personas que vienen a Europa prefieren ir al norte", emulando lo acontecido durante el flujo migratorio masivo de hace una década.
"Tenemos que ser muy, muy cuidadosos para no actuar de una manera que se acerque siquiera a lo que sucedió en 2015", ha recalcado Kristersson, revelando además que ya trasladó personalmente al presidente del Gobierno español su rechazo ante esta medida.
El jefe del Ejecutivo sueco ha insistido en que "tomar medidas que puedan poner en peligro una situación estable sería una muy mala idea". Para Kristersson, las decisiones unilaterales de regulación repercuten "especialmente" en países como el suyo, por lo que sostiene que "no es momento de relajarse" y aboga por proteger las fronteras europeas y "tener políticas lo más armonizadas posible".
Las declaraciones del líder sueco se producen en un contexto político interno determinante: Kristersson afronta la reelección el próximo mes de septiembre y no se descarta que necesite el apoyo parlamentario de la formación de ultraderecha Demócratas de Suecia, un partido con raíces neonazis.
La contundente respuesta de Suecia llega apenas 24 horas después del pronunciamiento conjunto de las primeras ministras de Italia, Giorgia Meloni, y de Dinamarca, Mette Frederiksen. Ambas dirigentes emitieron un comunicado de prensa coordinado en el que vinculaban directamente la "inmigración descontrolada" con el incremento de la delincuencia y la saturación de los servicios públicos en los Estados miembros.
En las últimas semanas, la tensión entre varios socios comunitarios y el Gobierno español se ha elevado, impulsada en parte por el episodio del asalto de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma de Ceuta, si bien la gran mayoría de ellas fueron devueltas posteriormente a Marruecos, la situación en la ciudad autónoma sigue siendo inestable.
A pesar de las alarmas encendidas en el norte y sur de Europa, la propuesta de regularización que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez otorga exclusivamente permiso de residencia y de trabajo dentro del territorio nacional español, sin extender automáticamente dichos derechos ni la libre circulación con fines laborales al resto de los países de la Unión Europea.
Aun con esta delimitación legal, la presión de los socios comunitarios sobre Madrid continúa en aumento, exigiendo una mayor coordinación en los controles fronterizos y frenar cualquier iniciativa que pueda desencadenar un nuevo desequilibrio en las dinámicas migratorias del continente.
Para ocultar la tragedia migratoria de Ceuta, el gobierno de Pedro Sánchez exagera los controles a pasajeros provenientes de Italia. Pero ambos gobiernos confirmaron a la Unión Europea que muy pronto pondrán fin a estas medidas.
Más de 10.000 ceutíes se congregaron en el territorio español invadido por inmigrantes ilegales de Marruecos el pasado 30 de julio. Pidieron ayuda al gobierno español, que cese el abandono y hubo palabras durísimas y pedidos de dimisión para Pedro Sánchez.
La primera ministra italiana y su homóloga danesa impulsan un giro restrictivo en la UE en pleno conflicto recíproco de inspecciones en puertos y aeropuertos entre Roma y Madrid. El sector turístico advierte del impacto económico directo en plena temporada alta.
Tras la entrada de miles de personas el 30 de julio, la ayuda local cae exhausta mientras Marruecos exige la devolución de los niños no acompañados.