Javier Aureliano Garcia, ahora expresidente de la Diputación de Almería.
Javier Aureliano García también renunció a su acta como concejal en el Ayuntamiento de la capital luego de haber quedado en libertad provisional,
Javier Aureliano García Molina presentó este viernes su renuncia como presidente de la Diputación de Almería, después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería acordara su puesta en libertad con medidas cautelares. Esto ocurrió tras su declaración judicial en la segunda fase del caso 'Mascarillas', en el que se investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares gestionados por la institución provincial.
La causa, conocida como el “Caso Mascarillas”, tiene su origen en irregularidades en la adjudicación de un contrato por parte de la Diputación almeriense en abril de 2020 para el suministro de mascarillas, guantes y equipos de protección, con un valor superior a los 2 millones de euros.
El mismo juzgado que liberó a García también dejó en libertad con medidas cautelares a los otros cuatro detenidos en el caso, entre ellos el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, quien también ha renunciado a su acta de diputado provincial. Asimismo, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, fue otro de los implicados en las detenciones. Los tres políticos fueron suspendidos de militancia por el Partido Popular (PP) tras hacerse pública la noticia de sus detenciones el pasado martes.
Desde la Diputación, se destacó que la renuncia de García fue una "decisión voluntaria" con la que concluye su mandato como presidente, cargo que ocupaba desde enero de 2019. Además, se hizo oficial su renuncia también como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial. En el comunicado oficial, se indicó que García renunció con el "convencimiento de su inocencia" y con la esperanza de que este paso "facilitará la vuelta a la normalidad" en la actividad institucional y en el desarrollo de la provincia.
Además de García, Fernando Giménez, vicepresidente segundo de la Diputación, también presentó su renuncia de forma oficial. Desde la institución se subrayó su trabajo al frente de áreas fundamentales para la provincia, como la consolidación de la marca turística y la recuperación de proyectos clave para el patrimonio de Almería.
La causa, conocida como el “Caso Mascarillas”, tiene su origen en un contrato adjudicado por la Diputación almeriense en abril de 2020 para el suministro de mascarillas, guantes y monos de protección, con un valor superior a los 2 millones de euros.
La Sala de lo Penal le impone el pago de las costas procesales, una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por la filtración de datos privados.
La condena sin precedentes del Tribunal Supremo a un Fiscal General del Estado desató una catarata de críticas contra el jefe del Ejecutivo que había defendido su inocencia. "La responsabilidad política es del presidente Sánchez", lanzó Núñez Feijóo. "Necesitaba un escudo en la Fiscalía ante los frentes judiciales que lo rodean", añadió.