Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La caída del proyecto es un duro revés para el Gobierno y, en particular, para el mnisterio de Trabajo, que tenía este proyecto como una de sus principales apuestas sociales.
El proyecto de ley del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales no continuará su andadura parlamentaria. Junts ha comunicado al Gobierno su decisión de mantener la enmienda a la totalidad contra la norma, sumándose así al voto en contra del Partido Popular y Vox.
La medida será devuelta al Ejecutivo en el debate previsto para este miércoles.
El ministerio de Trabajo defiende que el proyecto cuenta con un amplio respaldo social. "La norma está ganada en la calle", ha señalado el departamento que dirige Yolanda Díaz, a pesar del bloqueo en el Congreso.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, lamentó el fracaso del proyecto y acusó a los “grupos políticos que no quieren facilitar la vida a los trabajadores de este país”.
Por su parte, Junts justificó su rechazo argumentando riesgos para el tejido empresarial catalán. El portavoz del partido, Josep Rius, ha acusado a la formación de la vicepresidenta Yolanda Díaz de haberforzado una negociación "acelerada" por un error de procedimiento en la Junta de Portavoces.
“Queremos evitar que, queriendo reducir la jornada laboral, haya trabajadores que pasen de 40 horas a 0 por el cierre de empresas”
. Y aseguró que JxCat no ha recibido “ninguna propuesta” que incluya mejoras salariales ni garantías para las empresas.
Yolanda Díaz reveló haber tenido conversaciones directas con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, en un intento de salvar el proyecto antes de la votación. Sin embargo, las negociaciones no han dado resultado.
La caída del proyecto supone un duro revés para el Gobierno y, en particular, para el Ministerio de Trabajo, que había hecho de la reducción de jornada una de sus principales banderas.
El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, le ha impuesto además una fianza de 150.000 euros, en la causa por el presunto delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Trabajo, la formación independentista catalana ha dejado claro que no apoyará el proyecto de ley y se ha comprometido a tumbarlo si depende de ellos.