La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó este jueves el decreto ley que busca frenar los desahucios y rechazó un segundo decreto que pretendía instaurar la renovación automática de los contratos de alquiler. Ambas votaciones se saldaron por la mínima en un hemiciclo inmerso en pleno clima electoral, apenas un día después de la huelga general de vivienda del 11-N y con la vista puesta en las elecciones generales del 29 de noviembre.
Con este movimiento, la Diputación Permanente —órgano que asume las funciones legislativas con las Cortes disueltas— enmienda la plana al Pleno del Congreso, que hace unas semanas rechazó las medidas originales presentadas a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años. Aquel revés parlamentario llevó al Ejecutivo a adelantar los comicios previstos para 2027 y a aprobar nuevamente las normas en el Consejo de Ministros del pasado 6 de octubre, ya con la convocatoria electoral en marcha.
Claves del decreto de vivienda convalidado: topes, prórrogas y freno a grandes tenedores
El grueso de las medidas aprobadas por el Ejecutivo, en vigor desde el pasado 8 de octubre, ha salido adelante gracias a 35 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos) frente a 34 en contra (PP, Vox y Junts). La norma convalidada introduce un paquete de restricciones y beneficios fiscales con distintos plazos de aplicación:
- Prórroga de contratos y actualización de rentas: Permite prorrogar hasta por dos años los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 (con fecha límite en el 31 de diciembre de 2028) y mantiene topes a la actualización anual de las rentas hasta el final de 2027.
- Prohibición de desahucios: Protege frente a los desalojos de alquiler a las familias y personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030.
- Límite a la compra especulativa: Restringe hasta finales de 2030 la adquisición de inmuebles a las entidades dedicadas a la compra de vivienda y a los llamados "grandes tenedores" (propietarios de más de diez viviendas, o de cinco en zonas declaradas como tensionadas).
- Regulación del alquiler temporal y por habitaciones: Los contratos de temporada no podrán durar menos de un mes ni más de un año. En el caso del alquiler por habitaciones, la suma total de las rentas no podrá superar el precio del alquiler de la vivienda completa.
- Fiscalidad para pisos turísticos y vivienda protegida: Impone un IVA del 10 % a los alquileres turísticos inferiores a 30 días y habilita a los ayuntamientos a aplicar recargos tanto a estas propiedades como a las segundas residencias vacías durante más de dos años. Paralelamente, rebaja al 4 % el IVA para la vivienda protegida.
- Incentivos y ayudas a la compra: Establece bonificaciones fiscales para inquilinos y para pequeños propietarios (que no sean grandes tenedores) si cumplen determinados requisitos, además de crear préstamos públicos al 0 % destinados a cubrir la entrada de una hipoteca.
El PNV tumba el decreto de renovación automática de los alquileres
La cara opuesta de la jornada la protagonizó el segundo decreto defendido por el ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy, que decae al cosechar 35 votos en contra frente a 34 a favor. El cambio de postura del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que sumó sus votos a los del PP, Vox y Junts en el bloque del 'no', resultó determinante para frenar la iniciativa.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviene en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso que debate y vota este martes la convalidación de los decretos de vivienda rechazados hace unas semanas por la Cámara Baja. EFE
La norma rechazada pretendía imponer la renovación automática de los contratos de alquiler. Para garantizar su cumplimiento, obligaba al propietario que se negara a renovar el contrato a indemnizar al inquilino con una multa de hasta doce mensualidades de renta, quedando exento únicamente si justificaba la necesidad de recuperar la vivienda para uso propio o de un familiar directo.
La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, justificó el voto decisivo de su grupo criticando al Ejecutivo por "no negociar y tratar de imponer sus políticas mediante decreto ley". "La política no es optar entre blanco y negro", subrayó Vaquero, quien advirtió contra la tentación de "dividir a la sociedad en dos bandos" y reprochó a Bustinduy que busque "culpables para alimentar su relato".
La huelga general del 11-N divide al arco parlamentario en clave electoral
El debate en la Diputación Permanente estuvo marcado por la resaca de la huelga general convocada este miércoles por el Sindicato de Inquilinas contra los precios desorbitados de la vivienda, un paro calificado de "éxito" por CCOO y UGT, pero tachado de fracaso y maniobra "electoralista" por la patronal y la oposición.
Desde el Gobierno, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió la legitimidad del Consejo de Ministros para legislar hasta el último día pese a estar en campaña electoral y aprovechó la tribuna para confrontar directamente con el Partido Popular. Tras ser calificada por el diputado popular José Vicente Marí Bosó como "la peor ministra de la democracia", Rodríguez acusó a los populares de tener "mucho morro" y aseguró que se lo pasará "pipa" debatiendo sobre vivienda durante la campaña. Por su parte, los diputados socialistas Elisa Garrido y Alfonso Cendón sostuvieron que el decreto no perjudica a los propietarios y culparon a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de boicotear las políticas estatales.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (i) y la vicepresidenta tercera y titular para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se cogen de las manos durante la Diputación Permanente de la Cámara Baja que debate y vota este jueves la convalidación de los decretos de vivienda. EFE
El ministro Pablo Bustinduy, en cambio, centró su intervención en elogiar la protesta del 11-N, afirmando que "paralizó el país" porque "la gente está cansada de trabajar de sol a sol para que su sueldo se lo quede otro".
En el bloque de la izquierda parlamentaria, las posiciones oscilaron entre el respaldo crítico y el choque frontal con el Ejecutivo:
- Podemos: Ione Belarra tildó la movilización del miércoles de "histórica" y auguró que "será la primera de muchas", pero cargó con dureza contra el "Gobierno del PSOE y de Frente Amplio", pidiendo la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la supuesta "brutalidad y abuso" policial para impedir el derecho a la huelga.
- EH Bildu: Óskar Matute defendió el paro como una protesta "justa" para "romper el relato falsario" de un conflicto generacional, aunque calificó el decreto convalidado como una norma "de mínimos" y "de emergencia" que no aborda problemas estructurales.
- ERC: Gabriel Rufián centró sus ataques en Junts y en su portavoz, Josep María Cruset, exhibiendo un billete de 50 euros como supuesta "bandera" de la derecha catalana y acusando sin dar nombres a dos diputadas posconvergentes de enriquecerse con negocios inmobiliarios. Además, reiteró su objetivo de lograr "un Gobierno del PSOE sometido".
La oposición acusa al Ejecutivo de "fraude democrático" y "estafa política"
En el bloque del 'no', las críticas apuntaron tanto al fondo de los decretos como a la oportunidad política de la votación y la movilización sindical previa:
- Partido Popular: El diputado Sergio Sayas calificó la maniobra parlamentaria de "fraude a la democracia" por intentar "colar" en la Diputación Permanente lo que ya tumbó el Pleno del Congreso, tildando al Ejecutivo de "Gobierno bananero". Sobre el 11-N, denunció la "violencia desplegada por los piquetes" y tachó el paro de "huelga hipócrita para enmascarar a los responsables de que hoy la vivienda sea una misión imposible" tras fallar durante ocho años a jóvenes, trabajadores y vulnerables.
- Vox: José María Figaredo responsabilizó al Ejecutivo de haber creado la crisis actual, vinculando el colapso de los servicios públicos a la política migratoria del Gobierno. "No se puede estar defendiendo las pancartas mientras se escribe el BOE", sentenció el parlamentario, prometiendo vivienda social para quienes viven "en chabolas o en caravanas" si su partido llega a La Moncloa.
- Junts: Josep María Cruset descalificó ambos decretos como "una estafa política" y aseguró que la huelga general del miércoles se dirigió realmente contra el propio Ejecutivo, concluyendo que "quien siembra miseria cosecha rabia".
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