La Eurocámara endurece la política migratoria y aprueba crear centros de deportación fuera de la UE
La medida busca agilizar las expulsiones y refuerza el control migratorio, en medio de críticas por su impacto en los derechos fundamentales.
El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves el nuevo reglamento de retornos, una normativa que endurece la política migratoria de la Unión Europea y busca agilizar las deportaciones de migrantes en situación irregular.
La propuesta salió adelante con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, y marca un cambio relevante en la gestión migratoria del bloque comunitario.
Centros de retorno en terceros países: la principal novedad
El eje central del nuevo reglamento es la posibilidad de deportar a migrantes a centros de retorno ubicados en terceros países, incluso distintos a su país de origen.
Para ello, será necesario que exista un acuerdo previo con esos países y que se respete el principio de no devolución, además de garantizar los derechos humanos.
Este modelo sigue la línea impulsada por Italia, que en 2024 construyó centros en Albania para gestionar flujos migratorios, aunque estos no están operativos por decisiones judiciales.
El texto aprobado prohíbe expresamente el internamiento de menores no acompañados en estos centros.
Más control: cooperación obligatoria y sanciones
El reglamento establece que los migrantes deberán cooperar activamente en su proceso de retorno.
En caso contrario, se prevén sanciones que pueden incluir:
- Retirada de prestaciones sociales
- Suspensión de permisos de trabajo
- Sanciones penales, incluso con posibilidad de encarcelamiento
Detención de migrantes y ampliación de los plazos
La normativa permite la detención de migrantes en función del riesgo de fuga o por motivos de seguridad.
El período de internamiento podrá extenderse:
- Hasta 12 meses inicialmente
- Prorrogable otros 12 meses adicionales en caso de falta de cooperación o retrasos administrativos
Para aquellos considerados una amenaza para la seguridad pública o nacional, se prevé una expulsión prioritaria y la posibilidad de reclusión en prisiones, separadas de los presos comunes, así como prohibiciones de entrada indefinidas.
Recursos judiciales sin suspensión automática de la expulsión
El reglamento introduce cambios en los procedimientos judiciales. La interposición de un recurso contra una orden de retorno no suspenderá automáticamente la expulsión, salvo que un juez lo determine expresamente.
Además, la tipificación de la estancia ilegal seguirá siendo competencia de cada Estado miembro.
Finalmente, el Parlamento descartó incluir la posibilidad de detenciones en domicilios, una medida que había sido denominada como el “ICE europeo”.
Rechazo de la izquierda y críticas por un giro político
El texto ha sido rechazado por los grupos socialdemócratas, verdes y de izquierdas, que consideran que la normativa supone un endurecimiento excesivo de la política migratoria.
La vicepresidenta del grupo Socialistas y Demócratas, Ana Catarina Mendes, criticó el enfoque adoptado:
“No es un enfoque europeo equilibrado, sino un giro político impulsado por el deseo del PPE de alinearse con la extrema derecha”.
Estos grupos alertan de que la normativa puede fomentar la detención “masiva e indefinida” por motivos administrativos y advierten del riesgo de vulneración de derechos fundamentales en los centros ubicados fuera de la UE.
Defensa del PPE y próximos pasos de la negociación
Desde el Partido Popular Europeo defienden que los países que acojan estos centros deberán cumplir requisitos estrictos y estarán sujetos a mecanismos de control.
Además, consideran que este reglamento es uno de los pilares de la política migratoria europea.
El proceso legislativo continúa con el inicio del trílogo entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE, en unas negociaciones que los populares esperan que sean “relativamente rápidas” debido a la cercanía entre las posiciones.
Un cambio clave en la política migratoria europea
La aprobación del reglamento de retornos supone un paso decisivo hacia una política migratoria más restrictiva en la Unión Europea, con nuevas herramientas para gestionar los flujos migratorios y acelerar las expulsiones.
Sin embargo, el debate político y las dudas sobre su impacto en los derechos fundamentales anticipan un proceso de implementación marcado por la controversia.
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