Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso
El fiscal Diego Lucas Álvarez pidió citar a declarar a González Amador de forma "urgente", lo que marca un cambio de postura tras el rechazo a investigar las denuncias del PSOE y Más Madrid de julio pasado
El fiscal del caso contra Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, reactivó la causa por un presunto delito de fraude tributario, un día antes de que el Tribunal Supremo escuche a su predecesor, Julián Salto, y a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ambos involucrados en otro proceso relacionado por revelación de secretos.
El fiscal Diego Lucas Álvarez, subordinado de la fiscal provincial Pilar Rodríguez –coimputada en el Supremo–, presentó un nuevo escrito ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid solicitando citar "de manera urgente" a González Amador.
También propuso ampliar los delitos iniciales de fraude tributario y falsedad documental (este último descartado desde el principio por la Abogacía del Estado) para incluir administración desleal y corrupción en los negocios.
Este cambio contrasta con la postura adoptada por Lucas Álvarez en julio pasado, cuando rechazó, en dos ocasiones, investigar las denuncias presentadas por el PSOE y Más Madrid sobre las relaciones comerciales de González Amador con el Grupo Hospitalario Quirón.
En ese momento, la Fiscalía consideró que estos hechos no guardaban relación directa con la causa y que abrir nuevas líneas de investigación solo complicaría y retrasaría el proceso.
En ese momento el fiscal descartó la posibilidad de administración desleal argumentando que González Amador es el único propietario de las empresas investigadas, Maxwell Cremona y Masterman, y dijo que ese delito requiere demostrar un perjuicio concreto para un tercero, algo que, según consideró, no se acreditó.
Por su parte, el caso adquiere mayor complejidad al estar vinculado a un proceso en el Supremo donde se investiga a Julián Salto por presuntamente divulgar información confidencial de González Amador.
Este contexto no solo pone en el centro de atención al empresario, sino también a la Fiscalía y sus cambios de criterio.
Por otro lado, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid solicitó un acto de conciliación con la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, previo a una posible querella por injurias y calumnias en la que reclamará una indemnización de 40.000 euros si no rectifica unas manifestaciones.
Los abogados de González Amador continúan con su ofensiva judicial contra diferentes cargos públicos que lo tildaron de delincuente confeso, y que llegó incluso hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citado el 12 de febrero a otro acto de conciliación.
El empresario presentó una demanda de conciliación en la que busca que la ministra Pilar Alegría se retracte de las manifestaciones que realizó el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La portavoz había indicado que "el origen del delito está donde está, está en la pareja de la señora Ayuso" y que "hace casi ya un año que conocimos por parte de su abogado que había cometido dos delitos fiscales", en relación al pacto ofrecido por la defensa de González Amador al fiscal.
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades, correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
Esto ocurre tras una reclamación de González Amador de 40.000 euros por las declaraciones que la vicepresidenta primera del Gobierno hizo en el Senado donde pidió explicaciones a la presidenta madrileña por estar viviendo "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública"
