Carles Puigdemont
La Fiscalía de Puigdemont reclama su amnistía
La defensa del ex presidente catalán insiste en que el competente para analizar su caso es el Tribunal Superior de Justicia catalán
Carles Puigdemont
La defensa del ex presidente catalán insiste en que el competente para analizar su caso es el Tribunal Superior de Justicia catalán
La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha insistido este lunes en que el Tribunal Supremo no es el órgano competente para aplicarle la Ley de Amnistía, toda vez que como diputado del Parlament entiende que ello es competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña.
Así se ha pronunciado el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en la vista pública celebrada para la exposición de los recursos contra la decisión del magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, de no aplicarle la ley de amnistía. En la sesión también han estado presentes la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox.
La vista tiene lugar después de que el pasado julio Llarena rechazara aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.
Las defensas recurrieron aquella decisión en reforma, pero el magistrado se ratificó en su postura dos meses después, en septiembre. Finalmente, presentaron un nuevo recurso, que han defendido este lunes.
Por las acusaciones, se ha manifestado a su vez la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, se ha mostrado a favor de que el tribunal estime de los recursos de los líderes independentistas. A su juicio, concluir que actuaron para obtener un beneficio personal patrimonial "es cuanto menos sorprendente".
La Fiscalía ha sostenido que los encausados no tenían el "fin" de beneficiarse económicamente con la consulta del 1-O, por lo que ha defendido "la amnistiabilidad de los hechos".
Además, Sánchez Conde ha descartado que la actuación de Puigdemont, Comín y Puig supusiera un daño a los intereses económicos de la Unión Europea, como señaló Llarena para no aplicar la amnistía. "No han sido empleados fondos europeos. No se ha producido merma alguna. Los fondos pertenecían a la Generalitat y esto está acreditado", ha apuntado.
Asimismo, la Abogacía del Estado ha pedido este lunes al tribunal de apelación del Supremo que estime los recursos de apelación que presentaron Puigdemont, Comín y Puig.
El abogado de Puigdemont ha defendido que el Supremo no es competente para aplicar la Ley de Amnistía a los procesados del 'procés'. "Sin lugar a duda tenemos razón", ha dicho. A su juicio, "esta facultad y deber de aplicación de la ley corresponde al TSJ de Cataluña y no a la Sala Segunda del Supremo, (...) porque Puigdemont fue elegido diputado de Cataluña".
Al hilo, el letrado ha señalado que "a estas alturas no es necesario entrar en un gran debate sobre la aplicación o inaplicación de la Ley de Amnistía". "Podemos acogernos al voto particular de Ana Ferrer, que explica por qué esta ley debe ser aplicada", ha añadido.
Con todo, ha incidido en que cualquier decisión que adopte el Supremo "conllevaría la vulneración del juez preestablecido por la ley", porque debería pronunciarse el TSJ catalán.
Entre los de mayor relevancia se encuentran el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, el escolta del propio expresidente catalán Lluís Escolà, el exconsejero de Interior Miquel Buch así como la exalcaldesa de Figueres Marta Felip
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