Sede de Acciona en Madrid. (Europa Press)
La operación, realizada por la Unidad Central Operativa (UCO), tiene como objetivo recabar documentación relacionada con presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública vinculadas a altos cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
La Guardia Civil lleva adelante una serie de registros en las sedes de Acciona ubicadas en Madrid, Sevilla y Bilbao, en el marco de la investigación del Caso Koldo, que instruye el Tribunal Supremo.
La operación, realizada por la Unidad Central Operativa (UCO), tiene como objetivo recabar documentación relacionada con presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública vinculadas a altos cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), entre ellos el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, según detalla la Cadena Ser.
Los registros se realizan en el contexto de una pieza separada del Caso Koldo, que investiga posibles favores y adjudicaciones públicas irregulares de proyectos a la empresa Acciona.
La UCO se ha centrado en recabar información sobre correos electrónicos, documentos internos y expedientes de contratos de obra pública gestionados por la empresa, presuntamente beneficiados por las relaciones entre los implicados en el caso y los responsables del sector público.
Esta operación añade un nuevo capítulo al Caso Koldo, que se encuentra bajo secreto de sumario y que vincula a figuras de primer nivel del PSOE con la presunta manipulación de procesos de adjudicación.
En este contexto, la actuación de la Guardia Civil pone en evidencia las conexiones entre la política y grandes empresas del sector privado, en particular aquellas involucradas en proyectos de obra pública.
El ministro se jactó de que no se le atribuye "ningua acción ilegal" en una conferencia de prensa en la que expuso sus diferencias con Illa y denunció "persecución política" del PP. Los mensajes que muestran que cuando era presidente de Canarias medió para pagar un lote defectuoso de mascarillas. Los populares piden que comparezca en el Congreso.
El juez Ismael Moreno tomó la decisión tras recibir un informe de la UCO con la declaración de tres testigos, entre ellos, la empresaria Carmen Pano, quien aseguró haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz a petición del empresario Víctor de Aldama