La Junta Electoral Central estudia el requerimiento del Supremo sobre la 'ley de nietos'.
El Partido Popular exige la comparecencia urgente del ministro Félix Bolaños en la Comisión Constitucional después de que el Alto Tribunal paralizara de forma cautelar el voto de los nuevos inscritos en el CERA.
La normativa de nacionalidad para los descendientes del exilio político e ideológico atraviesa un momento de máxima tensión institucional. Lejos de concentrarse en un único contencioso, la medida se encuentra actualmente bloqueada de forma simultánea en cuatro frentes diferentes que involucran al poder judicial, a los órganos de supervisión electoral, a la vía contencioso-administrativa y a la esfera parlamentaria.
El detonante principal de esta crisis se produjo cuando el Tribunal Supremo acordó adoptar una medida cautelar de gran calado político y social: suspender el derecho a voto de aquellos ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad mediante la denominada "ley de nietos" y que ya figuran dentro del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La resolución establece que este sector del electorado no podrá sufragar a menos que acrediten de manera directa que sus antepasados sufrieron el exilio.
La decisión del Alto Tribunal afecta también directamente a las nuevas tramitaciones. Si bien los expedientes consulares podrán continuar su curso administrativo, sus efectos electorales quedarán congelados hasta que se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto. Desde el Gobierno se han sucedido las críticas hacia la medida cautelar y hacia varios de los magistrados firmantes, apremiando a que se resuelva la cuestión definitiva para evitar perjuicios sobre lo que califican como un derecho fundamental. El origen de este embrollo jurídico se remonta a la instrucción inicial elaborada por el Ministerio de Justicia tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, la cual permitía presumir el exilio genérico para quienes abandonaron el país entre 1936 y 1955.
El fuerte incremento registrado en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en los últimos años ha sido el argumento esgrimido por el Supremo para justificar su intervención. En su resolución, el tribunal destacó un aumento de más de 408.000 electores desde 2023, advirtiendo de un riesgo evidente para la limpieza de los procesos electorales si no se frenaba la aplicación extensiva de la norma.
Ante este escenario, el Supremo ha encomendado a la Junta Electoral Central (JEC) la tarea de supervisar que la Oficina del Censo Electoral distinga con precisión quirúrgica qué votantes proceden de un exilio comprobado y cuáles se amparan en la interpretación ministerial ahora cuestionada. La JEC debe afrontar los complejos retos operativos derivados de este bloqueo preventivo y coordinar el flujo de datos consulares con el Ministerio de Asuntos Exteriores. En paralelo, la Audiencia Nacional evalúa la posible anulación de la directriz original firmada en octubre de 2022 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente.
La paralización cautelar dictada por los tribunales afecta directamente a una gran cantidad de residentes en Argentina y Uruguay que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de esta ley y que habitualmente ejercen su derecho al voto por correo desde sus países de residencia.
El escenario en Argentina resulta sumamente representativo, al ser la nación con mayor volumen de peticiones del mundo, aglutinando el 40% de las solicitudes globales. Cifras aportadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática indican que cerca de 2,4 millones de personas solicitaron cita en los consulados y 1,2 millones iniciaron formalmente el expediente. Antes de este pronunciamiento judicial, el censo electoral exterior ya contabilizaba a más de 306.000 nuevos ciudadanos nacionalizados por esta vía.
Esta expansión del padrón provocó la reacción judicial de la formación Vox y de la entidad Iustitia Europa, que impugnaron el proceso por considerar anómalo dicho incremento. Desde el grupo político argumentaron que el registro de residentes en el extranjero creció en 403.466 personas desde el año 2023, sumando más de 29.000 inscripciones solo en los dos últimos meses. El recurso judicial cuestiona así la llegada masiva de nuevos votantes sin la acreditación de un arraigo directo respecto a sus progenitores o abuelos.
El conflicto ha saltado de los tribunales a las Cortes Generales a raíz de la ofensiva lanzada por el Partido Popular. Los populares han formalizado en el Congreso de los Diputados la petición para que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparezca en la Comisión Constitucional y asuma las responsabilidades políticas pertinentes.
"El censo no puede alterarse sin base legal sólida. Es imperativo que el Supremo resuelva este tema antes de las elecciones de 2027", Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El foco de la presión política recae sobre el papel que desempeñó Sofía Puente en la redacción de la instrucción inicial. Aunque el Ejecutivo argumenta que Bolaños no dirigía la cartera de Justicia en el momento de su firma bajo la etapa de Pilar Llop, el PP recuerda que el actual ministro mantuvo a la alto cargo en su equipo y la ascendió a secretaria general tras asumir la unificación de carteras en noviembre de 2023.
Mientras los populares confían en la viabilidad reglamentaria de su petición pese al freno previsible de la mayoría gubernamental, el choque entre el Gobierno y los tribunales continúa abierto de cara a los próximos comicios.
La ARVH impugna el contrato de 1,13 millones en La Habana, pide frenar encomiendas con Ineco y recurre la instrucción de 2024 ante el colapso consular.
El Tribunal Supremo de España suspendió en forma cautelar el voto por correo de quienes se hayan nacionalizado, o estén por hacerlo, a través de la Ley de Nietos. La medida comprende a muchos nacionalizados españoles en Uruguay y Argentina. Y busca evitar maniobras electorales con los votos desde el exterior.
El Partido Popular y Vox acusaron al Gobierno en el Congreso de querer usar a los nacionalizados por la Ley de Nietos para sumar votos en 2027. Y Pedro Sánchez respondió que la oposición quiere "robar el voto" a los exiliados. La discusión crece e impacta sobre muchos argentinos y uruguayos nacionalizados por esta vía.
