Los letrados del Congreso de los Diputados emitieron un informe que avala la posibilidad de debatir en el Pleno la proposición no de ley presentada por Junts, que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza para medir su apoyo parlamentario un año después de su investidura.
Sin embargo, será la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, la que decida este martes si admite a trámite la propuesta, ya que el informe jurídico no es vinculante.
En su análisis de 14 páginas, los letrados recalcan que, incluso si la iniciativa se aprueba en el Pleno, no tendría "impacto jurídico alguno" sobre la relación de confianza entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo porque el mecanismo de la cuestión de confianza está regulado exclusivamente por la Constitución y es prerrogativa del presidente del Gobierno activarlo.
Una decisión sin precedentes
El informe destaca la falta de antecedentes de una proposición no de ley que exija al presidente activar un mecanismo parlamentario reservado exclusivamente a su iniciativa.
“Corresponde a la Mesa fijar un criterio, que probablemente servirá como referencia para futuras decisiones sobre iniciativas de control similares”, señalaron los letrados.
En ocasiones anteriores, se tramitaron textos similares, como los que instaban al Gobierno a convocar el Debate sobre el Estado de la Nación, un mecanismo igualmente reservado al Ejecutivo.
La Mesa también permitió la tramitación de iniciativas controvertidas, como la ley de amnistía, a pesar de posibles dudas sobre su constitucionalidad. En esos casos, se determinó que sólo el Tribunal Constitucional puede evaluar si un texto vulnera la Carta Magna.
Propuesta de Junts: tiempos y efectos
En caso de que la Mesa admita a trámite la propuesta, Junts no podría someterla a votación en el Pleno hasta el próximo periodo de sesiones, a partir de febrero.
Además, para que la iniciativa prospere, sería necesaria la suma de los votos de PP y Vox. Sin embargo, incluso si es aprobada, la proposición no sería vinculante, como ocurre con otras proposiciones no de ley que el Gobierno no está obligado a cumplir.
El informe de los letrados concluye que, aunque esta propuesta carece de efectos jurídicos, su debate podría sentar precedentes para futuras iniciativas de control parlamentario.
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