"No vamos a permitir que haya víctimas esperando 10 años para recibir una indemnización", informó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno, Óscar Puente.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un real decreto-ley de medidas urgentes para indemnizar a los afectados por los recientes siniestros ferroviarios en Córdoba y Barcelona. El mecanismo, dotado con 20 millones de euros, busca agilizar el apoyo económico a las víctimas y sus familiares, garantizando que los pagos se efectúen en un plazo máximo de tres meses y queden exentos de impuestos.
El paquete de ayudas se divide equitativamente: 10 millones de euros destinados a ayudas directas y otros 10 millones para anticipos de seguros. Según ha detallado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el objetivo es evitar las demoras administrativas y judiciales que han marcado tragedias anteriores.
En el caso de fallecimiento, los familiares recibirán 72.000 euros en ayudas directas y otros 72.000 euros en concepto de anticipo. Una vez que el seguro obligatorio determine las responsabilidades y lesiones, se sumará una cantidad adicional, elevando el total percibido por fallecimiento a 210.000 euros en un plazo no superior a 90 días.
Para los 164 heridos registrados en ambos accidentes, las cuantías se ajustarán a un baremo según la gravedad de las lesiones:
Casos leves: Ayudas desde 2.400 euros.
Lesiones de máxima gravedad: Importes que superan los 84.000 euros, cifra que se duplica al sumar el anticipo del seguro.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Óscar Puente ha sido tajante al comparar esta gestión con crisis pasadas. "No vamos a consentir que pase lo mismo que pasó en Angrois. No vamos a permitir que haya víctimas esperando 10 años para recibir una indemnización", ha afirmado el ministro, subrayando que el Ejecutivo ha "aprendido" de la experiencia para implementar este sistema de pago inmediato.
Más allá de la respuesta a los accidentes de Adamuz y Gelida, el Ministerio de Transportes ha anunciado un cambio normativo de calado. Se iniciarán los trámites para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar un porcentaje de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo.
Este sistema operará de forma anticipada y con independencia de la posterior determinación de la responsabilidad civil de las empresas o individuos implicados, garantizando así una red de seguridad financiera inmediata para los usuarios del transporte público.
Para facilitar la gestión de estas ayudas, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha informado sobre la puesta en marcha de recursos de apoyo presencial. A partir de este miércoles, se abrirán oficinas de atención integral en:
La subdelegación del Gobierno en Huelva.
Una sede específica en Barcelona para los afectados de Rodalies.
Además, se ha activado el programa 'Cerca de Ti', mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno se desplazarán directamente a los domicilios particulares de los solicitantes para asistirles en la tramitación burocrática, evitando desplazamientos innecesarios a los afectados.
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