En la sentencia 31/2010 sobre el Estatut de Autonomía de Cataluña, el Tribunal Constitucional señalo: "es evidente que la inmigración es una materia que ha sido reservada con carácter exclusivo al Estado"
El texto se refiere a uno de los artículos de la norma autonómica, el 138.1, recurrido por atribuir a la Generalitat competencias en materia de migración. En este caso, el Constitucional consideró que las materias reguladas en el Estatut no abarcaban materias de extranjería, sino de asistencia social.
Pero señala que "si pretendiese atribuir a la comunidad autónoma competencias en dicha materia", el artículo sería "claramente inconstitucional".
La jurisprudencia del órgano de garantías podría ser clave para determinar el encaje de la ley orgánica que el Gobierno ha prometido a Junts a cambio de salvar dos de los decretos que se votaron ayer en el Congreso.
Atendiendo a la mencionada sentencia, el Ejecutivo podría tener problemas para convalidar esta ley y pasar el filtro del tribunal de garantías. Esta es sin duda una de las concesiones más relevantes que el Ejecutivo acordó este miércoles con los independentistas
Mariano Grandi
