Son Aragón, Asturias, Baleares y Madrid. Desde Moncloa advierten que si en tres meses no avanzan con el registro, se activarán los mecanismos legales correspondientes para garantizar su cumplimiento.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido un requerimiento formal a los presidentes de las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que pongan en marcha, en un plazo máximo de tres meses, el Registro de Personas Objetoras de Conciencia frente al aborto.
Según fuentes del Ejecutivo, si pasado ese plazo las comunidades no han creado ni regulado dicho registro, se activarán los mecanismos legales correspondientes para garantizar su cumplimiento.
Este instrumento está previsto en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, vigente desde 2023. Además, fue aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2024, siendo de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas.
Desde el Gobierno advierten de que la falta de este registro "limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley" y subrayan que "el respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres".
Con esta medida, el Ejecutivo central busca garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, con independencia de su lugar de residencia, y que dicho derecho se preste en la sanidad pública "con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad".
Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez
Plantea introducirlo como un derecho de salud pública, sin tocar los derechos fundamentales de la Constitución que exigen la disolución de las Cortes y el referéndum.
Fue durante su primera ceremonia de Jubileo como pontífice.
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