El Ayuntamiento de Madrid informará al Real Madrid la "necesidad" de frenar las obras de construcción de dos aparcamientos en el entorno del estadio Santiago Bernabéu, tras la sentencia que determinó la paralización.
El Consistorio también le pedirá al club blanco que adopte "las medidas de seguridad con carácter previo y reponga la superficie para no perjudicar la movilidad en el entorno", según informaron fuentes del Área de Urbanismo del Ayuntamiento.
El plazo para la ejecución de la sentencia es de 10 días.
"El Real Madrid deberá adoptar estas medidas sin perjuicio del recurso de apelación que pueda presentarse a esta decisión", indicó el comunicado de Urbanismo.
El proyecto ahora paralizado contempla la construcción de dos aparcamientos subterráneos, uno bajo el paseo de la Castellana, con 1.229 plazas y otro en la calle Padre Damián de 617 plazas, distribuidos en cuatro plantas cada uno, además de un túnel que los conecte.
Del total de 1.846 plazas de estacionamiento, 1.299 estarán destinadas a rotación y 547 a residentes.
El recorrido del caso judicial y otra posible apelación
La titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 30 de Madrid, Carmen Casado, ordenó el miércoles la paralización inmediata de las obras, luego de que en mayo pasado anulara la autorización del Ayuntamiento al contrato de concesión de obra para la construcción de los aparcamientos del Real Madrid en el entorno del estadio Santiago Bernabéu.
El Ayuntamiento que conduce José Luis Martínez-Almeida y el Real Madrid recurrieron esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y continuaron los trabajos con el argumento de que el fallo no era firme.
Pero en la sentencia del miércoles, la jueza sostiene que la presentación del recurso no exime de "la obligación de paralizar unas obras cuya autorización administrativa ha sido anulada".
Además, afirma que continuar con las obras ignora "el riesgo que para los costes de ejecución" implica si finalmente la sentencia resulta firme y los aparcamientos no pueden ser construidos.
Por lo tanto, ahora se abre un plazo de 10 días para ejecutar la sentencia, que podrá ser recurrida en otros 15 días hábiles.
El delegado municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, dijo el jueves que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudiarán la sentencia, pero insistía en que "la cuestión de fondo --en referencia a la anulación del contrato-- se encuentra todavía pendiente de sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia".
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