La firma Shurat HaDin vincula exportaciones españolas de tecnología dual con la capacidad operativa de la Guardia Revolucionaria tras su designación terrorista.
La organización legal israelí Shurat HaDin ha presentado una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El escrito, registrado el pasado 6 de abril, solicita a la Fiscalía de La Haya que investigue al mandatario por presuntamente "facilitar y colaborar en crímenes de guerra" mediante la autorización de exportaciones de material de "doble uso" al régimen de Irán y sus aliados, como Hamás y Hezbolláh.
La base de la denuncia se apoya en los informes oficiales de estadísticas españolas de exportación. Según la demanda, bajo el mandato de Sánchez se habrían autorizado ventas a Irán por valor de 1,3 millones de euros entre 2024 y el primer semestre de 2025.
El material denunciado incluye componentes críticos que, aunque poseen aplicaciones civiles legítimas, son susceptibles de ser integrados en armamento avanzado:
Explosivos y detonadores: Dinamitas de alta potencia, amonio, nitrato y explosivos plásticos.
Maquinaria de precisión: Tornos de control numérico y centros de mecanizado.
Software y reactivos: Programas de control y reactivos de laboratorio.
Shurat HaDin sostiene que estos materiales han terminado en manos de la Guardia Revolucionaria Islámica, cuerpo que la Unión Europea designó como organización terrorista en enero de 2026 tras meses de reticencias por parte de algunos socios, entre ellos España.
Fundada por la abogada Nitsana Darshan-Leitner, Shurat HaDin se define como una organización de derechos civiles especializada en perseguir la financiación del terrorismo. Sin embargo, su trayectoria está marcada por una estrecha colaboración con el aparato de seguridad de Israel.
Cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks y fuentes del sector señalan que la organización ha operado históricamente en coordinación con el Mossad y el Consejo de Seguridad Nacional de Israel, "externalizando" batallas legales que el Estado no puede librar por vías diplomáticas. Expertos definen su actividad como una estrategia de lawfare (guerra judicial) diseñada para estrangular financieramente a los enemigos de Israel.
Esta acción judicial se enmarca en la grave crisis diplomática entre España e Israel, agudizada tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de Madrid y el aumento de las críticas de Sánchez a la ofensiva en Gaza.
Desde el punto de vista jurídico, la denuncia se ha presentado bajo el Artículo 15 del Estatuto de Roma. Esto implica que:
La Fiscalía de la CPI debe registrar la comunicación y evaluar si existen fundamentos para una investigación.
La Corte tiene discrecionalidad total y no está obligada a abrir un caso de forma inmediata.
Expertos consideran improbable una investigación penal personalizada a corto plazo, ya que la CPI suele intervenir solo cuando un país no puede o no quiere investigar por sí mismo.
A pesar de la incertidumbre sobre su recorrido legal, el movimiento ha generado un fuerte impacto mediático, situando al presidente español en la diana de un litigio internacional por la supuesta triangulación de tecnología dual hacia zonas de conflicto en Oriente Próximo.
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