La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, viajarán a Budapest para apoyar las actividades organizadas por la sociedad civil húngara con motivo del día del Orgullo, este sábado, y el " intento del Gobierno de Viktor Orbán de prohibir las celebraciones".
En declaraciones a los medios, Urtasun ha afirmado que estarán en Budapest, con eurodiputados y miembros de otros gobiernos europeos para apoyar a la comunidad LGTBI de una manera clara: «Y para decirles que ahí donde haya un ataque o un retroceso en materia de derechos van a encontrar a Sumar y van a encontrar al Gobierno de España».
Urtasun ha recordado que algunas de las actividades de este colectivo en Budapest están organizadas por el Ministerio de Cultura de España y otras por la sociedad civil húngara.
Irene Montero, también presente
También la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha informado de que viajará el viernes a Hungría para participar en la marcha por el Orgullo LGTBIQA+ prevista para el 28 de junio y convocada por el Ayuntamiento de la capital húngara tras la prohibición del Budapest Pride.
Según Podemos, «la Policía de Hungría denegó recientemente el permiso para la celebración del Budapest Pride gracias a una normativa homófoba impulsada por el ultraderechista Viktor Orbán, que prohíbe cualquier manifestación pública que supuestamente promueva la homosexualidad o identidad de género ante menores. Tras esta prohibición, se convocó una nueva marcha a la que acude la dirigente de Podemos».
Montero asistirá al país en calidad de eurodiputada y formará parte de una delegación del grupo parlamentario de The Left. En Budapest se encontrará con Gergely Szilveszter Karácsony, alcalde de la ciudad e impulsor de la marcha, así como con representantes del partido de izquierdas húngaro Szikra, antes de participar en la marcha por el Orgullo.
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Se basa en la ley de protección del menor aprobada en 2021 y con fuertes cuestionamientos de la UE y de diversos organismos internacionales. La propuesta incluye multas y el uso de reconocimiento facial para identificar a los manifestantes.
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