El pasado 28 de marzo de 2025, el Presidente de la República Italiana promulgó el Decreto-Ley n.º 36, el cual introduce cambios importantes en la normativa sobre la ciudadanía italiana.
Según informa la revista italiana Bellunesi Nel Mondo, este decreto adoptado con carácter de urgencia, establece nuevas restricciones para la transmisión automática de la nacionalidad a los nacidos fuera de Italia, exigiendo que los solicitantes demuestren vínculos efectivos con el país.
Principales modificaciones del Decreto para obtener la ciudadanía italiana
La reforma del decreto afecta principalmente a la ley 5 de febrero de 1992, n.º 91, que regula la ciudadanía italiana. Las modificaciones clave incluyen:
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Limitación de la ciudadanía automática: Aquellos nacidos fuera de Italia que tengan otra nacionalidad no recibirán automáticamente la ciudadanía italiana, salvo que cumplan ciertos requisitos específicos.
Excepciones: La ciudadanía podrá ser otorgada bajo las siguientes condiciones:
- Si uno de los padres o adoptantes es ciudadano italiano y nació en Italia.
- Si uno de los padres o adoptantes ha residido en Italia durante al menos dos años antes del nacimiento o adopción del solicitante.
- Si un ascendiente de primer grado (padres o adoptantes) nacido en Italia solicita la nacionalidad.
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Plazos para solicitar: Aquellos que ya han iniciado un proceso de reconocimiento de ciudadanía deben haber presentado la solicitud antes del 27 de marzo de 2025 para acogerse al régimen anterior.
Nuevas reglas procesales: En los procedimientos judiciales para el reconocimiento de la ciudadanía no serán admitidos el juramento ni la prueba testifical, limitando así el tipo de pruebas permitidas.
Motivos detrás del Decreto de la ciudadanía italiana
El gobierno italiano justifica la adopción de este decreto con el objetivo de limitar el aumento de ciudadanos italianos en el exterior, muchos de los cuales mantienen vínculos culturales, lingüísticos y sociales más cercanos con otros países que con Italia.
Según las estimaciones, el número de italianos en el extranjero podría llegar a igualar o superar a la población residente en Italia, lo que podría generar problemas de seguridad y complicaciones en la gestión administrativa.
Además, el decreto pretende evitar un posible aumento descontrolado de solicitudes de ciudadanía, lo cual podría desbordar los sistemas consulares y las administraciones locales.
Implicaciones jurídicas y sociales
Desde el punto de vista jurídico, el decreto representa un cambio fundamental en el derecho de la ciudadanía, al pasar de un sistema basado en el ius sanguinis (derecho de sangre) sin límites temporales a uno más restrictivo, que evalúa los vínculos reales con Italia.
A nivel social, esta medida ha generado controversia, especialmente entre las comunidades italianas en el extranjero, particularmente en Argentina y Brasil, donde existen grandes comunidades de descendientes de italianos. Las nuevas restricciones podrían afectar la percepción de la identidad nacional y complicar las relaciones de Italia con estos países.
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